En el Complejo Judicial Norte de Quito se reinstaló, la mañana de este viernes 8 de noviembre,la audiencia de juicio por el delito de peculado en el caso IESS; por la presunta compra irregular de equipos oftalmológicos.

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La investigación de este caso comenzó por un informe de Indicios de Responsabilidad Penal, emitido por la Contraloría. Crédito: El Telégrafo

La mañana de este viernes 8 de noviembre en el Complejo Judicial Norte de Quito, se reinstaló la audiencia de juicio por el delito de peculado en el caso IESS; por la presunta compra irregular de equipos oftalmológicos para las unidades médicas del IESS es procesada María Sol L. y cinco personas más.

Al momento, los abogados de los procesados presentan sus pruebas testimoniales, documentales y periciales. Luego de ello, se prevé que el tribunal dirigido por el juez Luis Manosalvas en calidad de ponente disponga dar paso a los alegatos de cierre.

La investigación de este caso inició a raíz de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, con base en un examen especial realizado al proceso de contratación efectuado por la comisión técnica de la planta central del IESS, relacionado con la compra, instalación y puesta en funcionamiento de equipos oftalmológicos para varias unidades del IESS, a escala nacional.

El proceso investigativo liderado por Fiscalía determinó que María Sol L. formuló la necesidad para la adquisición de los equipos sin que existiese un requerimiento por parte de los representantes de las unidades médicas a las que iban a ser destinados y sin contar con un estudio de mercado que sustentara el precio y el beneficio para el IESS.

Sin embargo, y aunque no contaba con la facultad legal para requerir equipos, esta acción no fue objetada por los directivos de la entidad. La comisión técnica, durante la etapa precontractual, al momento de evaluar la adjudicación, no realizó los estudios adecuados de las propuestas presentadas, ya que no se tomó en cuenta otra oferta más económica, que también cumplía con los requisitos solicitados.

El perjuicio económico al Estado es superior a los USD 5 millones. También se estableció que el proceso estaba direccionado a favor de una empresa. Además, que los equipos oftalmológicos estarían subutilizados debido a que no se cuenta con personal capacitado para su operación y que otros ni siquiera contaban con un espacio físico para ser instalados, razón por la cual permanecieron embodegados por mucho tiempo.

Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK