La asambleísta explicó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece los mecanismos para la remoción de autoridades al interior del Parlamento.

La legisladora correísta Viviana Bonilla, cuyo paradero se desconoce, se refirió al fallo del Tribunal de Casación del caso Sobornos. Crédito: El Telégrafo.

La primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, emitió un comunicado en redes sociales en el que denuncia que se han producido «repartos» al interior del Parlamento y «lo que hace falta es darle apariencia de ‘legalidad'».

Así respondió Bonilla a las acciones que varios bloques del Legislativo están impulsando (incluida la mayoría de Alianza PAIS) para renovar el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y las comisiones legislativas.

«Se pretende remover a todas las autoridades del CAL acogiéndose al argumento de que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, olvidando que el art.10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) señala que una vez que el Pleno designa a sus autoridades éstas durarán 2 años en sus funciones, y que la única forma de cesarlos es por las causas previstas en el artículo 18 LOFL:a) cumplimiento de período, b) renuncia a la calidad de Asambleísta o autoridad del CAL, c) destitución conforme el trámite previsto en la ley, d) cesación de funciones como Asambleísta y e) muerte. No existe otra forma legal de removernos en nuestras funciones», explica Bonilla, que la semana anterior anunció que se desafiliará de AP.

La asambleísta sostiene que si desean removerla de su puesto en el CAL se requiere: «a) la imputación de una falta, b) el derecho a la defensa (debido proceso consagrado en la Constitución)y c) El voto de las 2/3 partes de los asambleístas (91 votos), conforme lo señalan los artículos 51,85 y 95 de la LOFL, que son los que se refieren al trámite para la destitución de altas autoridades del Estado».

Fuente: El Telégrafo