El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad confirmó que Daniel Salcedo Bonilla, conocido por su participación en la corrupción de hospitales públicos durante los meses más críticos de la pandemia, salió de la cárcel 4 de Quito. Esto, después de que el juez Simón García, del cantón Paján, provincia de Manabí, resolviera otorgarle la inmediata libertad tras considerar que en cinco procesos penales caducó la prisión preventiva.

Créditos: Roberto Calderón.

Esto, se suma a otras resoluciones judiciales como la que le otorgó la libertad al exvicepresidente Jorge Glas, quien mantiene dos sentencias en firme por actos de corrupción en la función pública: asociación ilícita y cohecho.

En Notimundo Estelar, Roberto Calderón, abogado penalista, rechazó la resolución a favor de Salcedo y explicó que la caducidad de la prisión preventiva solo opera cuando no se ha dictado una sentencia, pero, en su caso, si se dictó una como la de 13 años por el delito de peculado. “Por esa razón no opera la resolución del juez para ponerlo en libertad”, dijo.

Agregó que evidentemente existe un abuso de las acciones constitucionales y señaló que las altas autoridades del Estado como la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori o los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) dan “un mal ejemplo de mal utilizar estos recursos”.

Por este motivo y como medida para frenar este tipo de excesos legales, Calderón sugirió hacer una reforma al Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para limitar el accionar de los jueces.

“Lo que estamos viendo es una anarquía un abuso del derecho y lo que eso genera es una enfermedad social que se denomina “anomia”, es decir, creer que las leyes no existen, que puedo hacer lo que me da la gana”, finalizó Calderón.

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