El Consejo de Administración Legislativa (CAL), aprobó este 5 de abril, la denuncia presentada en contra del asambleísta Fabricio Villamar (IND), por supuesta obtención irregular del carné de discapacidad, con el cual habría recibido beneficios tributarios.

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La resolución se tomó luego de que este organismo administrativo conociera las respuestas que emitió el asambleísta denunciante, Rodrigo Collaguazo (ex AP), sobre el pedido que hizo el CAL el pasado 2 de abril, de que complete la denuncia y señale el número de contacto telefónico; los documentos en que se basa la denuncia; y, el anuncio de las pruebas materiales, testimoniales o documentales que establece la normativa para estos casos.

La resolución se tomó luego de que este organismo administrativo conociera las respuestas que emitió el asambleísta denunciante, Rodrigo Collaguazo (ex AP), sobre el pedido que hizo el CAL el pasado 2 de abril, de que complete la denuncia y señale el número de contacto telefónico; los documentos en que se basa la denuncia; y, el anuncio de las pruebas materiales, testimoniales o documentales que establece la normativa para estos casos.

Collaguazo denunció a Villamar, presuntamente por haber incurrido en la prohibición señalada en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente; esto es, percibir dietas y otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta.

La denuncia contra Villamar se deriva por un informe elaborado por la Comisión de Salud que investigó la entrega irregular de carnés de discapacidad a funcionarios públicos, asambleístas y sus familiares. En las conclusiones, la Comisión recomienda investigar al legislador de Pichincha, debido a que se han detectado presuntas irregularidades en la obtención del carné de discapacidad; y que en la lista de beneficiarios de importación de vehículos con un arancel especial por discapacidad consta el nombre del legislador Fabricio Villamar Jácome.

Collaguazo respondió el pedido del CAL el 3 de abril, en el documento entrega su contacto telefónico, así como hace notar que se presentaron debidamente los certificados de las pruebas en contra del acusado; sin embargo, agregó los elementos probatorios como la resolución del pleno de la Asamblea Nacional; el informe sobre la investigación realizada por la Comisión de Salud; resoluciones legislativas del pleno; y, además pide comparecencias como el presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, y requiere la presencia de los asambleístas Elizabeth Cabezas; Israel Cruz y Marcia Arregui.

En cambio, el legislador acusado Fabricio Villamar pidió al presidente de la Asamblea, César Litardo, y a los miembros del CAL considerar algunas observaciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Solicitó a los miembros del CAL, antes de resolver sobre la calificación de la denuncia, definan qué disposiciones se aplicarán en el presente caso; si las anteriores a la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que estaban vigentes durante el proceso de investigación y que motivó el informe de la Comisión de la Salud, o el trámite establecido en las reformas a la LOFL, y que están vigentes desde el 10 de noviembre de 2020.

El CAL, reunido el 5 de abril, calificó la denuncia planteada por Collaguazo y ordenó que en un plazo de cinco días el expediente sea remitido al Comité de Ética, para que inicie el proceso de investigación.

Nota Original: El Universo – LINK