A 17 días de las elecciones de la segunda vuelta por la Presidencia de la República, entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) hay preocupación por los cambios de integrantes en las Juntas Provinciales Electorales (JPE).

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Después de los comicios nacionales del 7 de febrero, el pleno ha aprobado al menos nueve designaciones nuevas en cinco juntas electorales.

Una última designación se realizó el 18 de marzo pasado y generó críticas de los consejeros Enrique Pita y José Cabrera, porque están a pocas semanas de la elección.

En ese pleno se eligió a Wladimir Laz Tumbaco como integrante de la junta de Los Ríos, con el voto de cuatro consejeros. La presidenta Diana Atamaint no asistió a esa plenaria.

Cabrera pidió que al estar “a pocas semanas de las elecciones, y entra una persona nueva, que sea capacitada lo más pronto posible”, para garantizar la ejecución de la segunda vuelta.

Pita coincidió y opinó que son de “muy alto riesgo” estos nombramientos a puertas del proceso electoral.

Pero el vicepresidente Pita fue más allá y el miércoles último reveló que Laz estaba ejerciendo el cargo de intendente de Policía en esa jurisdicción y renunció a ese puesto un día después de haber sido designado por el CNE.

“Su renuncia fue posterior a su designación, omitiendo incluir esta información en su hoja de vida puesta en nuestro conocimiento, con lo que se evidencia una afinidad política incompatible para la función que se lo nombró”, describió Pita en un memorando remitido a la presidenta, Diana Atamaint.

En esa carta pidió que se convoque a un pleno para designar a un nuevo vocal. Y en su cuenta de Twitter, Pita calificó de “impresentable” este suceso con Laz, quien incluso fue elegido presidente de dicha junta.

Se conoce que este y los otros vocales que han sido elegidos en las juntas en las últimas semanas se dan por pedido de la consejera Esthela Acero.

Esto porque existe un acuerdo interno entre los cinco consejeros de recomendar a ciudadanos para que ocupen estas vocalías.

Desde el 16 de febrero, el Consejo ha reestructurado las juntas de Manabí, Esmeraldas, Loja, Azuay, y Cañar.

En Esmeraldas se hicieron cuatro cambios entre el 16 de febrero y el 11 de marzo, con las designaciones de Álex Caja Baque, Roger Cabrera Nazareno, Daniel Santos Robles y Édison Tufiño Navarrete.

En ese mismo periodo, en Azuay se incorporó a Maritza Maldonado Durán, quien no aceptó el cargo y se nombró en su reemplazo a Eva Franco.

En Loja se eligió a María Paula Torres Abrigo.

En Cañar se incorporaron Manuel Andrade y Laura Molina Reyes. Y en Manabí se designó a Carlos Ponce Vinces.

El Código de la Democracia da diez atribuciones a las juntas electorales. Entre ellas, realizar el escrutinio de los procesos electorales, proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten electos en su respectiva jurisdicción.

También deben resolver en sede administrativa las objeciones y las impugnaciones sobre los resultados numéricos y la adjudicación de escaños.

En relación con el proceso electoral, la Comisión Nacional Anticorrupción, delegación de Manabí, pidió oficialmente a Diana Atamaint que se deje insubsistente un convenio de asistencia electoral firmado entre la Universidad Técnica de Manabí y el CNE.

Julio Villacreses, excandidato a la Vicepresidencia de la República por la alianza Honestidad, recordó que el rector de la universidad es Vicente Véliz Briones, suegro del candidato presidencial de UNES, Andrés Arauz, lo que no estaría garantizando la “transparencia” de los comicios.

Ayer, en una entrevista en Notihoy, Villacreses denunció que a raíz de este convenio, las juntas receptoras del voto en Manabí “están controladas por el correísmo” (en referencia al expresidente Rafael Correa), lo que sería el “consuelo de Arauz”, en el marco de las votaciones del 11 de abril.

Nota Original: El Universo – LINK