La Constitución creada en 2008, incorporó la figura de la muerte cruzada, como un mecanismo para dar salida a las crisis políticas de dos formas: la destitución del presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional, y la disolución del Parlamento y adelanto de elecciones por parte del Jefe de Estado. En Notimundo al Día, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, defendió la “fuerza y vigor” que está demostrando la Carta Magna en la situación que afronta el país, y agregó que, si se buscan hacer cambios en la misma, deberían estar orientados a la ampliación de derechos.

Albrto Acosta
Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Foto: Cortesía

En Notimundo al Día, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, consideró que, pese a las críticas de sus detractores, la Constitución de Montecristi, elaborada en 2008, está demostrando su fortaleza en medio de la crisis por la que atraviesa el país, pues en la convulsa situación política se actúa con respuestas políticas.

Por ejemplo, explicó que la muerte cruzada activada por el presidente Guillermo Lasso fue una figura que se incorporó en la Carta Magna frente a procesos como el que actualmente vive el Ecuador, no obstante, compartió el criterio de que la Corte Constitucional (CC) no debió darla paso, pues con ello se irrespetó el debido proceso del juicio político que llevaba adelante en la Asamblea Nacional en contra del Primer Mandatario.

Asimismo, Acosta señaló que si se buscan hacer cambios en la Constitución, como se adelantó desde algunos sectores, se deben respetar los mecanismos democráticos.

Por otra parte, insistió que los artículos de la Carta Magna no deben ser interpretados de forma individual, sino integralmente, para que así se garantice el Estado de Derecho. «La CC actuó de mala manera y abrió la puerta a que cualquier gobernante, el rato que se le plantee un juicio político, saque del sombrero -como mago- la muerte cruzada», criticó.

Acosta defendió que la Constitución de Montecristi cuenta con «interesantes» herramientas para enfrentar casos como el abuso de poder por parte del Jefe de Estado, como la revocatoria del mandato establecida en el Artículo 105.

Finalmente, reconoció la legitimidad de quienes aspiran reformar algunos puntos de la Constitución, pero se preguntó cuáles serían los objetivos finales de los actores políticos, de cara a las elecciones anticipadas que se celebrarán el 20 de agosto de 2023. Esta, dijo, sería una buena oportunidad para ampliar los derechos para la población, «para que la justicia social y ecológica sean por fin realidad en nuestro país».

Lo que también se podría hacer, agregó, es aplicar reformas al Código de la Democracia, con el objetivo de fortalecer los partidos políticos y presentar mejores cuadros a los electores.

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