Durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional, la tarde de este viernes 9 de marzo del 2018, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, hizo estableció una conexión cronológica entre la conversación telefónica que mantuvo el presidente de la Legislatura, José Serrano, con Carlos Polit y las amenazas e intimidación en contra de la fiscal Claudia Romero.

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En el audio que Baca difundió de la conversación se escucha a Serrano decir: «Hermano. Aquí el tema es Baca, es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo».

Ante el Pleno de la Asamblea, Baca señaló que en noviembre ocurrió la llamada y que en el mismo mes la fiscal Romero fue amenazada luego de allanamientos en los cuales detuvo a funcionarios del Ministerio del Interior cercanos a Serrano, investigados por posible concusión (exigencia de pagos o gratificaciones). Para Baca, el audio con la conversación entre Serrano y Pólit, prófugo en Miami, evidencia que se buscaba frenar las investigaciones.

En su comparecencia, que se inició cerca de las 15:15, el fiscal Baca Mancheno relató una línea del tiempo de las actividades realizadas por la Fiscalía en contra del excontralor Carlos Pólit, actualmente con orden de captura.

La comparecencia del Fiscal este viernes es para dar explicaciones sobre un audio presentado en rueda de prensa por Baca, el pasado 26 de febrero del 2018.

En la grabación se escucha al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit en una conversación de un supuesto acuerdo para sacar al fiscal general Carlos Baca Mancheno. Al inicio de la comparecencia, Baca explicó la situación jurídica de Pólit y señaló que a raíz del allanamiento de la vivienda del excontralor, el 2 de junio de 2017, aparece un «supuesto informe sobre los gastos reservados en el caso 30-S».

Siguiendo la línea de tiempo, Baca señaló que en noviembre el exdirector de Odebrecht en Ecuador José Conceição Santos responsabilizó a Carlos Pólit de haber recibido USD 10 millones, en dinero efectivo y en transferencias, incurriendo en delitos de concusión y asociación ilícita. Y ese mismo mes una fiscal que llevaba el caso recibió amenazas.

Fuente: El Comercio