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El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, recibió el informe en el que se recomienda el juicio político en contra del excontralor Carlos Pólit. Serrano dispuso que se envié el documento a todos los legisladores. Además, reiteró que el juicio se realizará este domingo.

La legisladora María José Carrión, ratificó esta mañana que Pólit tendrá que estar cuando se inicie el juicio en su contra y no podrá delegar a un defensor para que ocupe su lugar. “No es delegable la presencia sujeta al control político. Tiene que estar presente de manera obligatoria porque no es un juicio ordinario judicial. Es un ámbito político y por tanto la representación es exclusiva del sujeto a control”, advirtió. Entonces, si no asiste, sería juzgado en ausencia.

En el informe consta que se evidenció un “ejercicio antiético, deshonesto y antiprofesional del poder público, en franca afrenta a la dignidad popular, demostrando total falta de probidad, falta de valores, falta de principios y falta de profesionalismo” de parte del excontralor.

El documento, que consta de 22 páginas, presentó los antecedentes de lo realizado para llegar a la recomendación. También se detallaron los fundamentos de derecho y el análisis del proceso.

Justamente, en este punto, los comisionados se refirieron a una responsabilidad política que recae sobre los mandos superiores del Estado y se cita al investigador jurídico Daniel Barceló Rojas. “El deber de todo individuo investido de autoridad pública con respecto a otros, los gobernados, que en un sistema democrático representativo delegan en forma condicionada el poder de gobernar”.

Entre las pruebas presentadas por el asambleísta oficialista Daniel Mendoza, proponente del juicio, constan la certificación en la que se detalla todos los procesos de auditoría que la Contraloría General del Estado ha realizado a la empresa Odebrecht y a los contratos suscritos por Ecuador con la misma. A esta certificación se adjuntaron 33 informes de audiotoría, de los que se desprenden recomendaciones, mas no indicios de responsabilidad penal, sostuvo la Comisión.

Fuente: El Comercio