Compartir

El fiscal general del Estado (e), Paúl Pérez, se refirió al secuestro de Fernando Balda en Colombia y dijo que se ha identificado en el caso a personas que gozan de fuero de Corte Nacional y que, posiblemente, tienen una participación en el cometimiento del delito.

Fiscalía Twitter

El caso está en un momento procesal de instrucción fiscal, señaló Pérez, al recalcar que se ha iniciado el proceso penal en contra de tres exagentes de policía. Exagentes de policía “quienes en algún momento juraron en respetar la Constitución y las leyes, resulta que terminaron incurriendo en un delito tan grave y que está considerado internacionalmente hasta como un delito de lesa humanidad”, apuntó el Fiscal General en una entrevista a un canal local.

“Lógicamente es un crimen de Estado. Así se lo ha catalogado, es un caso emblemático para la actual administración”, añadió Pérez. Explicó que ha mantenido incluso reuniones con Balda, quien tendrá acceso y conocimiento de las diligencias investigativas.

No obstante, el funcionario aclaró que hay instituciones procesales que por mandato legal se deben mantener en secreto y fuera de las actuaciones judiciales.

Sostuvo que de la información reservada que está recibiendo la Fiscalía, “estamos practicando las diligencias que nos va a permitir precisamente tomar la decisión de procesar y vincular a la instrucción fiscal a otras personas que gozan de fuero de Corte Nacional”.

“El expediente está ya en mi despacho, se ha identificado la existencia de personas que gozan de fuero de Corte Nacional y que, posiblemente, tienen una participación en el cometimiento de este hecho delictivo”, agregó Pérez.

También reveló que ha solicitado a la Contraloría General del Estado un examen especial, para que se verifique todos los gastos que realizaron en este caso utilizando fondos públicos.

Finalmente, el Fiscal señaló que este hecho- ocurrido el 13 de agosto del 2012, en Bogotá- tendrá una “respuesta contudente”. Balda acusa al expresidente Rafael Correa de haber dado la orden para su secuestro.

Fuente: El Telégrafo