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La Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, creada para investigar la documentación alrededor del asesinato del general de la FAE, Jorge Gabela Bueno, reconoce que este hecho constituiría un "crimen de Estado".

El Telégrafo

Gabela denunció en el 2008 la existencia de presuntas irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 42 millones, de los que cuatro se accidentaron y tres están inoperativos.

De las conclusiones antes mencionadas, se puede establecer que existen evidencias suficientes y constantes de inobservancia a la Ley incurridas por servidores en el ejercicio de sus funciones, así como, la posible existencia de un crimen de Estado. Esto deberá ser analizado por las instancias respectivas con la finalidad que determinen las responsabilidades de las Instituciones estatales, sus servidores, funcionarios y/o delegados“, reseña el informe final que fue enviado a los miembros de la Mesa para exponerla a debate y aprobación la noche de este jueves.

Este informe previo elaborado internamente por la comisión, presidida por el oficialista César Litardo, recomienda que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigue el patrimonio y movimientos financieros de los funcionarios y exfuncionarios, y sus familiares que suman unas 50 personas que participaron en la adquisición de los siete helicópteros.

Entre ellos están, según el documento:

Correa Delgado Rafael (expresidente)
Lara Rivadeneira Lenín José
Zúñiga Rocha Lady Andrea
Arellano Lazcano Homero
Cordero Cueva Fernando
Navas Vera César
Espinosa Garcés María Fernanda
Cordero Cueva Fernando
Guzmán Espinosa Diego
Alvarado Espinel Vinicio
Castillo Cristian Leonardo
Palacios Geovanna
Carrera Palacios Paola
Pólit Faggioni Carlos
Chiriboga Zambrano Galo
Astudillo Rubén
Ponce Cevallos Javier
Sandoval Wellington
Sánchez Viñan Isela Verónica
Murillo Cavagnaro Roberto
Estacey Moreno Diego
Valencia Amores José (actual Canciller)
Alarcón Elizalde Gastón
Jaime Aguirre Valdivieso
Arroyo Jácome John
Baquero Ordóñez Vinicio
Camacho Aputa Héctor
Varela Moncayo Fabián
Vásconez Hurtado Guillermo
Gonzáles Pauta Ernesto
Bohórquez Flores Rodrigo
Espinosa Espinosa Livio
Molestina Malta Alnad
Barreiro Muñoz Leonardo
Esparza Paula Eduardo
Villagrán Mervin
Valverde Gustavo
Jiménez Juan Ramón
Guevara Vega Hugo
Puga Dávila Antonio
Jiménez Roberto
Portilla Jiadachs
Tamayo Flora
Medrano Guadalupe
Orellana Carrea William Miguel
Espinoza Alonso
Villacís Trujillo Hugo
Echeverría Martínez Nelson
Medina Salazar Carlos
Salazar Machuca Hernán
Andrade Santander Luis
Mejía Salinas Patricio
Illescas Sánchez Xavier
Estévez Maya Rubén
Alemán Olmedo Wilson
Armendáriz Gallo Víctor
Cevallos Argudo Edwin
Vaca Granda Giovanny
Peñafiel Robiro
Molineros Vivar Diego
Camacho Pauta Héctor
Castillo Camacho Eduardo René
Romero Mediavilla Juan
Angulo Jorge
Rea Fajardo Francisco
Ordóñez Luis
Cortez Juan
Astudillo René (Fiscal de Samborondón)

Se propone que la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y la UAFE, “determine la presunta vinculación” de la empresa SUMIL -que fue la subsidiaria de la HAL en Ecuador- “con empresas offshore vinculadas con los denominados Panamá Papers”.

Piden que la Fiscalía investigue la pérdida del denominado tercer producto que elaboró el perito argentino, Roberto Meza Niella, como parte de un contrato de investigación para investigar la muerte de Gabela, que solicitó un Comité Interinstitucional, creado en el 2012 por el gobierno de Rafael Correa. Además, que se investigue a todos los servidores que participaron en esta instancia.

Se infiere que el juicio político que efectuó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional al exministro de Defensa, Javier Ponce Cevallos y que fue archivado, “carece de motivación suficiente”.

Y se suma que los informes de la Contraloría en los que se analiza la adquisición, “adolecen de falta de precisión en el análisis de la documentación. (…) Se constata que pese a que se encuentran evidencias de inobservancias administrativas por parte del ministro de Defensa, Javier Ponce Cevallos, no se le haya establecido responsabilidad de ninguna índole”.

A la Contraloría le solicitan que haga nuevas auditorías a las fases precontractual, contractual, y pago por la adquisición de las naves.

Fuente: El Universo – Nota original: LINK