El asambleísta César Umajinga (Pachakutik) anunció que en los próximos días acudirán a la Fiscalía General del Estado, con el propósito de presentar una denuncia en contra del Secretario Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República, argumentando que el examen especial de la Contraloría General del Estado advierte la existencia de al menos 15 irregularidades.

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Añadió que por ello también plantearán el juicio político en contra del titular de la SECOM, pero luego de las elecciones de febrero de 2017, para evitar que se diga que es una acción con fines electorales.

Recordó que la auditoría hace relación a la adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, entre el 1 de agosto de 2013 y 31 de agosto de 2015, período en el que la SECOM manejó un presupuesto de más de 70 millones de dólares.

Aseveró que entre las irregularidades detectadas consta la calificación de ofertas sin cumplir requisitos mínimos previstos en los pliegos y términos de referencia; pago de horas extras y suplementarias sin cumplir disposiciones legales; pago por la ejecución de talleres con documentación de respaldo incompleta e incompatibilidad de funciones.

Añadió que se han realizado 900 convenios de pago por aproximadamente 5 millones de dólares, es decir, por trabajos realizados sin un contrato previo; pago por el servicio de volanteo de El Ciudadano sin documentación de respaldo; convenios de pago y contrato con la empresa Burraska Comunicación sin cumplir disposiciones.

César Umajinga reiteró que la Contraloría en su informe advierte irregularidades en el manejo de los recursos públicos, “como contratos entregados a familiares de funcionarios de la SECOM y pagos millonarios en la visita del Papa Francisco, como la misa campal, que costó más de 3 millones de dólares”.

Por último, expresó que en el informe se evidencia la preferencia en la asignación de la publicidad gubernamental a ciertos medios de comunicación que “prácticamente han monopolizado”.

Según la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la fiscalización forma parte de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional y sus integrantes.