El fiscal Galo Chiriboga recorrió ayer Esmeraldas y Manabí. En esta última provincia presentó los resultados de las investigaciones, en cuanto a la caída de las edificaciones por el terremoto del 16 de abril.

Señaló que en Manabí las construcciones no tienen un sustento técnico. Por ejemplo evidenciaron que las losas son más pesadas en cuanto a las columnas.

Considera que los municipios deben tener mayor responsabilidad en las construcciones. Sin embargo, el fiscal señaló que los problemas no se suscitan por la falta de norma, ya que hay legislación, sino que el problema está porque, por ejemplo, en zonas como Tarqui se construyó en lugares con mayor riesgo sísmico.

» Esperamos que se reformen las ordenanzas, ser exigentes en los GAD», adelantó. Dijo que la Fiscalía observará que las normas se cumplan, «y se puede investigar incluso en el campo penal».

Adelantó que en esa zona se observaron malas prácticas constructivas, como materiales inadecuados, personas sin técnica que intervienen en las prácticas constructivas. «Todo eso provocó los resultados que tuvimos en abril.

Si consultamos, en muchos de los casos, la construcción la hizo una persona que no tiene idea de normas constructivas». El principal problema, según Chiriboga, está en que la ciudadanía actúa confiadamente, «piensa que no va a pasar nada, desafiamos las leyes de la física, inclusive, y por lo tanto el país debe cambiar su cultura y visión».

Recordó que no es un problema que ocurre esporádicamente. «Este es un país que, como América Latina, es propenso a los sismos y debemos vivir frente a esos problemas». En Esmeraldas, la Fiscalía realizará un trabajo similar. Por ahora recorren las edificaciones que colapsaron. Se reunirán con la fiscal provincial para iniciar un proceso de revisión a través de expertos en construcción.

«Esperamos que esa información sirva a los GAD para que tomen medidas exigentes para la construcción». Chiriboga reiteró que el problema en Ecuador no es porque no hay normativa, sino que los GAD no exigen su cumplimiento, y contó que el Estado, a través de la Unidad de Gestión de Riesgos, quiere establecer normativas generales para las construcciones.

«Estamos trabajando con los GAD para asesorarlos con información, con base a estudios técnicos, y que esa información sea recogida en ordenanzas para evitar que se construya en lugares inadecuados».