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Ocho años tras la insubordinación del 30-S, en la Cárcel 4 aún están recluidos dos policías: Marcelo Bonifaz y Jesús Jetacama. Ambos pagan condenas de 12 años por “intentar asesinar” a Rafael Correa.

El Telégrafo

Se investigó a 298 personas; 222 de ellas fueron declaradas culpables y apelaron. 50 quedaron encarceladas con sentencias en firme; hoy solo dos siguen cumpliendo sus penas.

También hubo personas que no se enfrentaron a las Cortes, aunque fueron separadas de la fuerza pública o civiles que perdieron el empleo. Aseguran ser 450 afectados en el país. Juan Estévez era burócrata. El 30-S fue fotografiado en la protesta e indica que le despidieron con visto bueno.

A Wesley Merchán le dieron la baja en la Policía. Igual ocurrió con Darwin Anrrango. Hoy piden que se investigue a Correa, prófugo en Bélgica por otro caso. De hecho, desde el mes pasado se han desplegado cinco acciones judiciales. La Contraloría abrió un examen para indagar el dinero usado para posicionar mediáticamente el 30-S y la y la Fiscalía indaga a dos militares por la muerte de Froilán Jiménez.

Además, se reconstruyó el deceso de este comando élite de la Policía, se inspeccionaron las armas militares usadas en el rescate al exmandatario y se recopilaron 27 indicios que muestran al expresidente como ‘autor mediato’ de la muerte de Jiménez.

Su ministro Javier Ponce también es señalado. La familia Jiménez quiere que se aclare todo, al igual que Deogracio Alvarado. Él estuvo preso por insubordinarse ante los comandantes y fue dado de baja en la Policía. A Alejandro Bejar se le truncó el ascenso a sargento primero. Le dieron la baja y fue indagado por terrorismo y sabotaje.

El 30-S derivó en cinco tipos de delitos, pero la mayoría fue procesado por insubordinación y por paralizar los servicios. La última información que la Fiscalía difundió en febrero pasado indica que 25 casos aún están en los juzgados. Los afectados piden indagar a 155 jueces y a 65 fiscales que conocieron los expedientes, pues dicen que hubo mal manejo.

A Fernando Patiño lo condenaron a cinco años por alteración de la seguridad interna, aunque la Policía lo había declarado inocente. Ramiro Manosalvas, un militar retirado, asegura que lo procesaron solo con una foto.

Desde la cárcel, Marcelo Bonifaz y Jesús Jetacama expresan que no hay pruebas contra ellos. Ahora, solo esperan cumplir el 60% de los 12 años de condena para salir libres. Policías como Jaime Paucar, en cambio, fueron indultados. A él lo señalaron por quitar la máscara a Correa. Seis agentes se beneficiaron de esta figura.

Fuente: El Comercio