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Un ciudadano ecuatoriano, Roger M., pretende que la empresa estatal Petroecuador cancele USD 11 450 millones a favor de organizaciones sociales de Esmeraldas, por supuestos daños ambientales del Estado ecuatoriano en esta provincia. Pero de acuerdo con la Procuraduría General, esta demanda se basa en el uso de un documento falso.

El Telégrafo

Este caso, planteado por Roger M. en abril del 2017, en un juzgado panameño, es el de mayor cuantía que tiene Ecuador en cortes internacionales. Representa el 83% de los USD 13 741 millones requeridos en 36 procesos. Este monto es incluso 8,7 veces superior al presupuesto de la petrolera estatal de este año. Pero esto no ha sido una limitante para intentar cobrar ese dinero.

Dentro del proceso que se inició en Panamá, un juez ordenó el embargo del dinero que la petrolera ecuatoriana pudiera tener en cuentas del sistema financiero de ese país.

Esta medida no se ejecutó y Ecuador inició acciones para solicitar la nulidad del proceso por basarse en un “documento falso”, informó la Procuraduría, que asumió la defensa de Petroecuador en este caso. Antes que trascienda este caso a cortes internacionales, hace siete años, supuestos representantes de cinco organizaciones sociales de Esmeraldas, entre ellos Roger M., realizaron varias gestiones en Ecuador para tratar de cobrar a la petrolera estatal.

Esas asociaciones están relacionadas con adolescentes, comerciantes minoristas, pequeños comerciantes y expendedores de jugos. Este Diario intentó buscar la versión de los representantes de estas organizaciones en Esmeraldas, pero no fue posible hallar las direcciones ni los números telefónicos de contacto.Los intentos de cobro a la petrolera se basaron en un supuesto acuerdo de pago irrevocable suscrito por Washington Gallegos, vicepresidente de Petrocomercial, en el 2005. Pero el documento no se ha encontrado en los archivos de la petrolera ni en los de una notaría de Manta, en la provincia de Manabí, donde aparentemente se suscribió dicho convenio.

Además, el funcionario de Petrocomercial aseguró que no firmó ese acuerdo.A criterio de los demandantes, la supuesta deuda de Petroecuador con las asociaciones se originó tras una demanda al Estado, por deforestación y tala indiscriminada de bosques en Borbón, una pequeña localidad de Esmeraldas, que se produjo en 1994. Por esto la estatal debía, al parecer, cancelar USD 4 000 millones.

Fuente: El Comercio