El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) pide al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que cumpla con el pago de las remuneraciones a los servidores judiciales; que no realice más recortes presupuestarios a la Función Judicial; y que se asigne lo que corresponde para el pago de proveedores para así permitir a los ciudadanos un real y efectivo acceso a los servicios de justicia.

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Los miembros del Consejo de la Judicatura anuncian la creación de unidades judiciales - Créditos: El Telégrafo, Gabriela Castillo

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, explicó que la Función Judicial ha sufrido recortes presupuestarios importantes: en 2019 $ 12.3 millones y en lo que va del 2020, $ 7.2 millones, lo que sumaría un recorte total que supera los $ 19, 5 millones.

Para Maldonado, estas reducciones han tratado de afectar el funcionamiento de la Función Judicial como tal, pero aclaró que el CJ, como órgano de gobierno, vigilancia y disciplina de la Función, ha realizado “esfuerzos gigantescos” para que el servicio de justicia continúe.

“Dichos recortes amenazan los servicios de justicia en cuanto a su oportunidad y su calidad. Esa es nuestra preocupación y eso es lo que no podemos permitir que se de, por lo tanto las consecuencias del recorte son grandes, las afectaciones son importantes”, refirió Maldonado.

Los recortes, se indicó desde el CJ, podrían incluso afectar a proyectos de inversión fundamentales para el servicio de justicia, como por ejemplo, el que tiene que ver con el aspecto tecnológico que se están incorporando como herramientas para solventar las dificultades sanitarias que ha generado la existencia del COVID-19.

El vocal del CJ, Juan José Morillo, señaló que a pesar de estos “recortes arbitrarios” realizados por el MEF al presupuesto del Consejo de la Judicatura, se han realizado trabajos con el área de tecnologías del organismo para solventar estos problemas económicos

Pese a ello, asegura, el no asignar recursos impactarían a proyectos como: contratación de videoconferencia para el CJ, es decir, a partir del 15 de agosto de 2020 si no tenemos esos recursos no se podrán agendar video audiencias a nivel nacional; la afectación a la adquisición de equipamiento de conectividad del data center principal y alterno, cuya consecuencia y e impacto sería una afectación grave al servicio de justicia y la ciudadanía la cual no tendrá acceso a los servicios tecnológicos del CJ.

Según Morillo, el no otorgar recursos no permitirá la adquisición del equipamiento tecnológico para el despliegue y operación del expediente electrónico, la afectación sería de la no adquisición de infraestructura y tecnología para el licenciamiento y fortalecimiento de firma electrónica del CJ

“Esas afectaciones son graves, porque no se puede avanzar en la digitalización de la justicia. Quedaría inconcluso el proyecto E-SATJE 2020, la afectación en firma electrónica es grave ya que los servicios en línea que ofrece el CJ interactúan con certificados de firma electrónica. Todo el despliegue que se ha realizado y todo el desarrollo electrónico quedaría el soletas y no se podría avanzar en el proyecto de digitalización de la justicia”, concluyó.

Nota Original: El Universo – LINK