A pocos días de que el presidente Lenin Moreno, en cadena nacional, pidió al Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio concretar la organización de fiscales y jueces nacionales para combatir la corrupción y el crimen organizado, el CJ anuncia que solicitará a la próxima Corte Constitucional que se pronuncie sobre la consulta hecha en mayo de 2018, cuando se preguntó sobre la legalidad de la creación de la Unidad Judicial y Tribunal de Garantías Penales Especializados en la Lucha contra el Crimen Organizado y el Combate a la Corrupción.

El Telégrafo

El anuncio lo hizo el presidente del CJ transitorio, Marcelo Merlo, a pocos días de que se posesionen los nuevos integrantes de la Corte Constitucional.

La unidad especializada que se buscó crear cuando Gustavo Jalkh estaba al frente del CJ podrá conocer y resolver casos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito no justificado, terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada, organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

La nueva Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la resolución de creación de dicha unidad judicial, hecha el 17 de abril pasado, para así evitar posteriores alegaciones de falta de competencia.

El anterior CJ anunció la creación de esta Unidad como parte del cumplimiento de las resoluciones adoptadas el 13 de abril último por el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).

Las decisiones del Cosepe llegaron luego de una serie de actos violentos que ocurrieron en la frontera norte, que incluían hasta ese momento, la detonación de aparatos explosivos en cuarteles policiales y retenes navales, la muerte de cuatro marinos y el fallecimiento de los tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio.

Fuente: El Universo- Nota original: LINK