Por segunda vez en menos de una semana, el asambleísta Daniel Mendoza, a través de sus abogados, se excusó de acudir a la Comisión Multipartidista para defenderse de las denuncias en su contra por supuesta corrupción.

A Mendoza la Fiscalía lo investiga por supuesta delincuencia organizada, en relación a un contrato para la construcción del hospital de Pedernales. Crédito: captura de pantalla.

Por segunda vez en menos de una semana, el asambleísta Daniel Mendoza, a través de sus abogados, se excusó de acudir a la Comisión Multipartidista para defenderse de las denuncias en su contra por supuesta corrupción.

Gabriela Moreira, abogada del legislador del movimiento Mejor, pidió que la comparecencia de Mendoza -que estaba prevista para hoy, lunes 29 de junio- se aplazara debido a que no podía acompañarlo por una diligencia en el caso Sobornos, otro proceso en el que ella litiga y que tendrá lugar hasta mañana.

Los comisionados Xavier Casanova (AP), Héctor Yépez (Creo) y Ronny Aleaga (RC) fustigaron esta solicitud. En principio, la comparecencia estuvo programada para el jueves pasado, pero se difirió para este lunes a pedido de Mendoza.

“Queda claro que se la ha dado el plazo perentorio suficiente para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Nosotros no podemos seguir esperando la comparecencia”, señaló Casanova.

Por su lado, basadas en reportes de prensa y versiones de la Fiscalía, las asambleístas Tanlly Vera (Creo) y Verónica Guevara (RC) presentaron los argumentos que tienen para pedir la destitución del legislador, a quien lo acusan de infringir las atribuciones que les confiere la Constitución y la Ley.

A Mendoza la Fiscalía lo investiga por supuesta delincuencia organizada, en relación a un contrato para la construcción del hospital de Pedernales, en Manabí, su bastión política.

Él está detenido desde el pasado 5 de junio en la cárcel 4 de Quito. “No darle la cara al país demuestra que Daniel Mendoza jugó con el más válido sueño de los habitantes de Pedernales de tener acceso a la salud. La participación del acusado en esta trama es innegable y las evidencias demuestran que el involucrado incurrió en la prohibición de recibir y administrar recursos públicos”, expresó Vera.

Sin embargo, no solo Mendoza fue aludido. Jorge Chávez, vocal de la Comisión Anticorrupción de Manabí, acusó también a los asambleístas Carlos Bergman (Unidad Primero), Karla Cadena (IND), y a los oficialistas Teresa Benavides, Karina Arteaga y Carlos Vera, de tener influencia en la designación de autoridades de salud en la provincia.

“Esta situación es conocida por todos quienes trabajamos en el sector de la salud. Lamentablemente no tenemos la evidencia documental, pero ellos coadministran, de tal manera que las autoridades no pueden hacer nada si no tienen el consentimiento de los asambleístas. Además, estos puestos tienen un costo”, expresó Chávez.

Refirió que el año pasado un coordinador zonal “se atrevió a separar al gerente del hospital Verdi Cevallos y a las dos horas por intervención de un asambleísta tuvo que recular”.

Chávez aseguró que esta situación viene desde el anterior Gobierno, pero “ahora se ha agravado porque los asambleístas se han vuelto coadministradores en la gestión de los gerentes, directores de hospitales y los coordinadores zonales“.

“Son ellos los que dirigen las compras, quienes dirigen la contratación de personal, y eso es conocido por todos los ciudadanos“, añadió.

Aseveró que en abril de 2019 la Comisión Anticorrupción alertó de este problema al presidente Lenín Moreno, a la Secretaría Anticorrupción y a la Asamblea, sin que existan respuestas.

El asambleísta Héctor Yépez (Creo) consideró que el caso de Mendoza es solo “la punta de iceberg” en repartos del sector público y pidió que la Comisión llame a comparecer a la fiscal General, Diana Salazar, para que “revele los nombres de todos los involucrados”.

“Nadie roba con facturas, pero son cosas que resultan secretos a voces. Como se dice no hay pruebas pero tampoco hay dudas”, añadió. La Comisión también convocó a comparecer hoy a otras 28 personas, entre funcionarios como la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, pero se excusaron o no respondieron.

Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK