En Notimundo al Día, la asambleísta Johanna Moreira, miembro de la Comisión de Justicia, se refirió a la presunta estructura de corrupción en las empresas públicas del país y donde estarían involucrados altos funcionarios y exfuncionarios del Estado. Señaló que la intención de conformar una comisión ocasional multipartidista buscaría bloquear el trabajo de la mesa de justicia y blindar a ciertos actores políticos, posiblemente vinculados con la trama que se investiga.

Créditos: Asamblea Nacional

Moreira resaltó que hace una semana inició en la Comisión un proceso de fiscalización, con el pedido de información al Gobierno Nacional y al periodista Anderson Boscán, del medio digital La Posta, que compareció ante la mesa legislativa con los datos que contaba sobre la investigación.

Añadió que otra fase del proceso que se lleva adelante consistió en determinar la participación de legisladores en la supuesta trama de corrupción, donde se apuntó hacia el asambleísta del correísmo Ronny Aleaga, mencionado por Leonardo Cortazar, uno de los involucrados, en un audio filtrado por el medio de comunicación antes mencionado. Recordó que Cortázar está vinculado a la corrupción en el reparto de hospitales públicos y que aparece en la célebre foto de la piscina con procesados también en casos de corrupción.

Moreira explicó que la presunta corrupción en el sector eléctrico y la vinculación con ciertos políticos, donde se estarían financiando operaciones con fondos del narcotráfico, llevaron a que algunos asambleístas busquen la creación de una comisión multipartidista para investigar el tema, pues se buscaría evitar que en la Comisión de Justicia se trate con objetividad el caso y así dejar en la impunidad a ciertos actores vinculados con los gobiernos pasados y también el de turno.

Adelantó que para las 17:15 de este miércoles 18 de enero está previsto recibir en la Comisión al secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto y a los gerentes de CNEL y Flopec, Antonio Clemente Icaza y Oswaldo Rosero, respectivamente, pero consideró que, al haberse presentado un cambio de orden del día para la sesión del Pleno, justamente para tratar el tema, podría suspenderse la diligencia en la mesa parlamentaria.

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