La Comisión de Régimen Económico continúa el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. A través del cuerpo legal se busca establecer una nueva institucionalidad que garantice la efectiva aplicación de las políticas, procedimientos y acciones orientadas a la prevención, control y erradicación del lavado de activos y el financiamiento de delitos.

El presidente de la comisión, Virgilio Hernández, señaló que espera concluir esta semana la revisión del proyecto, a fin de preparar el informe para primer debate. Indicó que los parlamentarios realizan una revisión integral de la ley de tal manera que presentarán un proyecto sustitutivo a la Ley de Lavado de Activos.

Dijo que no solo se revisa a qué instancia dependerá la Unidad de Análisis Financiero, que se la denominará Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE), sino que se trabaja en la prevención de lo que significa el delito de lavado de activos.

Adelantó que la UAFE estará adscrita a la Presidencia de la República en la medida que es un organismo dedicado a la investigación financiera. Además se busca fortalecer su trabajo.

En materia de prevención, Virgilio Hernández indicó que en la propuesta los sujetos obligados a brindar información no se los enumera, tomando en cuenta que pueden aparecer nuevos sujetos obligados a dar información. De esta manera, lo que se hace es dar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico la posibilidad de que sea esta instancia la que reglamente, de acuerdo con la dinámica que se va desarrollando en el país, quienes tienen que presentar información, es decir, a más de los bancos, cooperativas también estarían las inmobiliarias, personas que manejan dinero en efectivo, gente que se dedica a la compra venta de autos, etc.

Entre los nudos críticos dijo que si bien hay claridad en que las directrices de políticas públicas se emitan por parte de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, no hay acuerdo en torno si debería existir un organismo adicional que establezca políticas sobre el lavado de activos. Este tema está pendiente de debate, concluyó.