El Ejecutivo busca salir victorioso el próximo 5 de febrero, cuando se someta a votación la consulta popular que impulsa cambios en temas de seguridad, medio ambiente e institucionalidad, pero se enfrenta a una oposición que considera que no se resolverán los problemas actuales del país. En Notimundo al Día, Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, aseguró que lo único que busca el Gobierno con el referendo es ganar credibilidad.

Geovanni Atarihuana, líder de Unidad Popular y precandidato a la Asamblea Nacional. Foto: Archivo/ NotiMundo.

En Notimundo al Día, Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, expuso los motivos por los que esa organización política se opone a la consulta popular que impulsa el Gobierno del presidente Guillermo Lasso. Explicó que la posición se la tomó luego de un minucioso análisis de las 8 preguntas y sus anexos, pues aseguró que ninguna de ellas solucionará los problemas que tiene el país.

Respecto a la primera pregunta que trata sobre aprobar la extradición de ecuatorianos vinculados con el crímen organizado, Atarihuana señaló que no esto no representa un verdadero esfuerzo contra este mal que aqueja a la población, pues es necesaria la firma de convenios internacionales para poderlo materializar, y que estos tomarían, al menos, 6 meses. Asimismo, recordó que para que se pueda extraditar al delincuente, es necesario que otro Estado lo requiera, pues la expulsión de un ciudadano nacional no está permitida por la Constitución.

Frente a la tercera pregunta, que plantea la conformación de un Consejo Fiscal al interior de la Fiscalía General del Estado para garantizar su autonomía, Atarihuana consideró que con ello no se asegurará la independencia que se requiere, pues únicamente significará un «aumento de la burocracia«.

Asimismo, señaló que la quinta pregunta del referendo, que pretende eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para designar autoridades y trasladarla a la Asamblea Nacional, recordó que con ella se declararán desiertos los concursos que están en pie al momento y se prorrogarán en funciones quienes ostentan actualmente los cargos. «Lo que quiere el Gobierno es impunidad; la consulta busca lavar la imagen de un gobierno incapaz, indolente y corrupto», apuntó.

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