Lucía Fernández, del Comité Cívico Interinstitucional de Manta, lamentó que los cerca de USD 3.500 millones que se recaudaron para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, no hayan llegado a su destino final y se hayan perdido en manos de la corrupción.

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En Más Allá de los Hechos, Lucía Fernández, del Comité Cívico Interinstitucional de Manta, dijo que “solo faltaron entregar los recibos”, luego de haber destinado la documentación necesaria a Julio César Trujillo, extitular del CPCCST en el caso del terremoto de 2016. “Estuvimos en territorio viendo la realidad que pasaba con la población”, explicó Fernández, por lo que no podían quedar impávidos ante la inacción del Gobierno.

Señaló que poco después de la tragedia, se hizo la propuesta de que los USD 800 millones que iban a llegar al Ecuador por parte de países amigos, fueran a un fideicomiso, con el objetivo de que sean usados exclusivamente en áreas de salud, educación, agua y alcantarillado.

El segundo planteamiento, dijo Fernández, consistió en crear otro fideicomiso para que ahí se maneje únicamente los fondos para la reconstrucción de Tarqui, la zona cero en Manta, donde más de 18 hoteles se vinieron abajo.

No obstante, la corrupción se introdujo a pasos de gigante, pues los víveres que eran acopiados en el coliseo de esa ciudad eran sacados para revenderlos en cantones que no habían sufrido afectaciones. “Fue el sector privado quien sacaba los muertos y quien atendía todo lo que requerían los grupos especiales de personas que venían de otros países”, criticó Fernández.

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