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Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional analizará en segundo debate el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, cuerpo legal que, entre otras cosas, busca normar el uso y acceso a la tierra rural, la redistribución de la misma como factor de producción, garantizar la soberanía alimentaria y propiciar un ambiente sustentable.

Miguel Carvajal, asambleísta por el Movimiento Alianza PAIS, señaló que esta propuesta busca incrementar la producción y productividad, con responsabilidad ambiental y, afirmó, que la iniciativa no es una ley de Reforma Agraria. “No se pueden expropiar tierras de comunas,  comunidades,  pueblos y nacionalidades. La certificación de ser miembro de la comuna posibilitará acceder a crédito para vivienda y producción”, dijo el asambleísta.

Carvajal, en entrevista en la Radio de la Asamblea, indicó que la Ley De Tierras reforma el artículo del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para que se deje porcentaje del predio al Municipio, solo si el fraccionamiento es para urbanización, y propone que se entregue porcentaje del predio para áreas verdes, solo cuando el fraccionamiento sea para urbanización.

Asimismo, Verónica Rodríguez, también de AP, afirmó que un total de 18 artículos, sobre tres temas sustantivos vinculados con derechos colectivos, fueron sometidos a consulta prelegislativa y, adicionalmente, se realizó un amplio proceso de socialización de todo el proyecto de ley con organizaciones sociales y sectores ciudadanos.

De su lado, Magaly Orellana, legisladora de Orellana por la Alianza Unidad Plurinacional de las Izquierdas, en entrevista en un medio de comunicación local, afirmó que la Ley de Tierras es represiva porque da dos años para que las tierras sean cultivadas, sino hay sanciones.

“Con la Ley de Tierras será la oportunidad para que quiten la tierra a quienes o pueden producir”, afirmó.

En este sentido, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó la inminente aprobación de la Ley de Tierras porque, según dijo, beneficia al agronegocio y no resuelve el problema del latifundio ni promueve la reconstitución de los territorios.

“No incorpora las propuestas presentadas por la Conaie a la Asamblea Nacional en el marco de la Cumbre de los Pueblos el pasado marzo, ignorando lo que serían los criterios mínimos para considerar esta, una ley capaz de transformar el campo ecuatoriano. Por el contrario, el análisis del texto del Proyecto de Ley demuestra que este ignora adrede el problema estructural del latifundio y la concentración de la tierra, al obviar definir ambos conceptos y, en consecuencia, no genera ningún instrumento real para democratizar la estructura agraria”, indicó la organización en un comunicado, donde detalló que la Ley profundiza la concentración y burocratización del Estado al crear la Autoridad Agraria Nacional que se constituye como Autoridad Única de la Tierra, al no generar ningún mecanismo efectivo de participación en la toma de decisiones y reproduce el fracaso de las instituciones como el INDA, el MAGAP y la Secretaría de Tierras, pues deja en manos de la tecnocracia agraria el desarrollo de planes y proyectos, la generación de información y la elaboración de los criterios para medir la productividad.

Además, la organización indicó que este proyecto es una pieza más del paquetazo agrario que busca generar condiciones para un mayor control del Estado sobre el agua, la tierra, las semillas y los mercados, para ponerlos al servicio de la expansión del agronegocio bajo el argumento de cambiar la matriz productiva, frente a la supuesta “inviabilidad” de las unidades campesinas que proclama el presidente de la República, Rafael Correa.

Según el Legislativo, el proyecto de Ley prohíbe la concentración de tierras rurales. A esta se la entiende como el dominio o posesión legal de tierras rurales aptas para la producción agraria, siempre que la autoridad agraria compruebe que el acaparamiento tenga como fin desarrollar esquemas de dominio o abuso de poder del mercado; especulación; consolidar monopolios u oligopolios privados y atentar contra la soberanía alimentaria.

De acuerdo con el documento, el Estado, en coordinación con las entidades del sistema financiero público, promoverá la generación de productos financieros, líneas de crédito preferenciales, subsidio de tasas de interés y otros similares para estimular la producción agropecuaria y mejorar la productividad. Estos financiamientos se orientarán, preferentemente, a pequeños y medianos productores agrícolas, mujeres rurales trabajadoras de la agricultura familiar campesina, así como de la economía popular y solidaria.