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La Corte de Apelaciones de Santiago condenó hoy a penas de prisión a once agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por la desaparición de un estudiante universitario en 1974 en el marco de la operación conocida como "Colombo", informaron hoy fuentes judiciales.

Los generales Raúl Iturriaga Neumann y César Manríquez Bravo y los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko fueron condenados a 13 años de presidio como autores del secuestro calificado (desaparición), según un fallo unánime de la IX Sala del tribunal de alzada, que confirmó el dictamen de primera instancia del juez especial Hernán Crisosto.

Otros cuatro agentes, Gerardo Urrich, Manuel Carevic, Ciro Torré y Basclay Zapata deberán purgarán diez años de presidio, también como autores, y otros tres, Sergio Castillo, José Fuentes y Nelson Paz cumplirán cuatro años de prisión, como cómplices del delito.

Todos los mencionados están ya en prisión, tras ser condenados en otros casos de violaciones a los derechos humanos.

Otros 59 agentes procesados en el caso fueron absueltos, tras no acreditarse su participación en el delito.

Sergio Flores Ponce, de 23 años al ser secuestrado el 24 de julio de 1974 en Santiago, era un estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile, que había militado en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo que optó por la resistencia armada contra la dictadura de Pinochet.

El joven, según testimonios de prisioneros supervivientes, fue visto en dos centros de tortura de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la última vez en agosto de 1974.

El año siguiente, su nombre figuró en la Operación Colombo, que fue una maniobra de la DINA para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos, que según la dictadura habían muerto en purgas internas del MIR ocurridas en el extranjero.

La operación incluyó la publicación de ediciones únicas de dos periódicos ficticios en Argentina y Brasil, con la complicidad de las dictaduras militares de aquellos países, bajo titulares como “Exterminados como ratas”.

En la parte civil, la Corte condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización por daño moral de cien millones de pesos (unos 150.000 dólares) al padre de la víctima.