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Este miércoles 9 de mayo se registró el primer desacuerdo en las votaciones del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

El Telégrafo

El organismo resolvió iniciar el proceso de evaluación de los jueces que integran la Corte Constitucional. Incluso se advirtió que la “obstaculización del proceso se interpretará como desacato al mandato popular, que se sancionará con la finalización de sus funciones”.

El pleno de la CC ha recibido dos acciones -una del Consejo de la Judicatura y otra de un ciudadano- para que analice los alcances de las decisiones que ha tomado el pleno del Consejo transitorio hasta el momento.

La decisión de evaluar a la CC tuvo el voto afirmativo de seis de los siete miembros. Xavier Zavala Egas votó en contra y sustentó su posición: Ese Consejo no es nominador de la CC, acorde con el artículo 208 de la Constitución.

El referido artículo de la Carta Magna faculta al Consejo de Participación designar a: procurador, superintendentes, defensor del Pueblo, defensor Público, fiscal general, contralor, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) e integrantes del Consejo Judicatura.

Aprobación de reglamento para designar autoridades El organismo también aprobó el reglamento con el que se elegirán a las nuevas autoridades de control. La medida recibió el respaldo de seis consejeros; Xavier Zavala Egas se abstuvo.

Con este documento se reglamentarán los parámetros del proceso, la conformación de comisiones de selección, veedurías ciudadanas y la designación de autoridades mediante ternas propuestas por el Ejecutivo. Está previsto que el próximo 14 de mayo se presente el informe técnico del proceso de evaluación a los miembros del Consejo de la Judicatura ante el pleno del Consejo transitorio.

Julio César Trujillo, presidente del Consejo transitorio, manifestó que “la postulación para los procesos de designación de autoridades se la encargaremos a organizaciones de la sociedad civil”. “El mandato de designación de autoridades tendrá la misma jerarquía del mandato de evaluación, esto significa que será de carácter constitucional”, aseguró Trujillo.

Fuente:El Telégrafo