Según establece el dictamen de la Corte Constitucional, si la pregunta es aprobada por los ecuatorianos, en el plazo de un año, a partir de la proclamación de los resultados definitivos, la Asamblea Nacional deberá reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlas al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano.
En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán acatar el Mandato Popular ya que su incumplimiento será causal de destitución.
