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Gastos no autorizados de hasta USD 31 millones con los fondos de la Ley Orgánica de Solidaridad se observaron en un informe borrador elaborado por la Contraloría General del Estado, entre el 1 de septiembre del 2016 y el 31 de julio del 2017.

Agencia Andes

Diario El Comercio estuvo en la lectura del borrador del Examen Especial a la Ley Orgánica de Solidaridad, en la Contraloría, hecho el jueves 29 de marzo del 2018.

Allí se habló sobre observaciones al Ministerio de Economía y Finanzas, Ecuador Estratégico (empresa pública), a la Corporación Nacional de Finanzas Solidarias y Populares, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), Secretaría Nacional del Agua, ECU911 y al Municipio de Manta.

Uno de los principales hallazgos, según este informe, fue la devolución del IVA a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Manabí y Esmeraldas por cerca de USD 26 millones, con recursos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad.

Esta cantidad se redujo de los fondos de la Ley, que estaban destinados para la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura y la reactivación productiva. La Ley Orgánica de Solidaridad se emitió en mayo del 2016 con el fin de normar los fondos y recursos necesarios para solventar los gastos que se requieran para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.

En este informe borrador también se observó que el titular de la Cartera de Finanzas –que cumplía su cargo durante el tiempo examinado- no dispuso la efectivización y transferencia de los valores recaudados por concepto de las contribuciones solidarias y contribuciones del 2% del IVA, mediante títulos del Banco Central y Notas de Crédito, a la cuenta de la Ley Solidaria.

Esta última observación ocasionó un faltante de cerca de USD 31 millones que no se encontraron disponibles en la cuenta de la Ley. En el examen también se incluyeron observaciones a contratos realizados también con fondos de lo recaudado por la Ley y que no fueron justificados para la emergencia del terremoto.

De entre algunos contratos constan, por ejemplo, pagos de Ecuador Estratégico a diferentes empresas de construcción. También pagos que realizaron el ECU911 o la SGR con estos fondos para comprar maquinaria, equipos y tecnología que según la observación, no fueron necesarios para la etapa de la emergencia.

Fuente:El Comercio