En el examen se revisaron los procesos de endeudamiento llevados a cabo entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017.
La veeduría fue constituida el 8 de enero por invitación de la Contraloría y está integrada por Ana Abril, Patricio Alarcón, Roberto Aspiazu, Magdalena Barreiro, Alfredo Corral, Ramiro Crespo, Pablo Dávalos, Marcelo Merlo, León Roldós, Eduardo Valencia y Mariana Yépez.
A su ingreso, Eduardo Valencia manifestó su preocupación «porque en el gobierno de Rafael Correa se dijo que el monto del endeudamiento era uno y en realidad ha sido otro». Roberto Aspiazu se pronunció a favor de nuevos exámenes especiales, pues aún existe información clasificada que no se conoce sobre las operaciones de endeudamiento.
La certeza de que se sobrepasó el límite legal de la deuda es unánime entre los veedores, a quienes además les preocupa que el gobierno de Lenín Moreno eleve ese techo que, según el Código de Planificación de las Finanzas Públicas (Coplafip), no puede ser mayor al 40% del Producto Interno Bruto (PIB). Su preocupación tiene como antecedentes a las declaraciones públicas del secretario de Gestión Política, Miguel Carvajal, en el sentido de que se habría ya superado ese límite y que se necesitaría una reforma legal al respecto, y al silencio de la ministra de Economía, María Elsa Viteri, quien participó de la moratoria de la “deuda ilegítima” en el 2008, cuando ejercía ese mismo cargo, encargada por el entonces presidente Rafael Correa.
Ramiro Crespo explicó que si bien es un informe final, «este es un rompecabezas al que aún le faltan piezas para completarlo”. Expresó su preocupación por las declaraciones de Miguel Carvajal sobre la idea de subir el techo de la deuda. “Ese es el camino fácil, pero es el más inadecuado: si con el (límite legal del) 40% han hecho lo que han hecho, subirlo sería una locura”.
Marcelo Merlo sostuvo que no se debe mover el porcentaje, puesto que el Coplafip ya contempla que, en casos extraordinarios, se puede superar el límite con la aprobación de la Asamblea.
Pablo Dávalos indicó que la comisión “más que recomendaciones, hará puntualizaciones” que quedarán a consideración del organismo de control.
