Cuando inició la construcción, el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) estipuló que las Unidades Especializadas de la Función Judicial de Guayaquil costarían $ 34 millones. Costaron el doble.
La inversión se hizo a la velocidad de la luz. Meses antes, en 2011, la Función Judicial había sido declarada en emergencia y era necesario que la edificación de las plataformas fuera inmediata. Fueron aprobadas 47 construcciones y 26 remodelaciones en, al menos, 60 ciudades del país.
Años después, los sobreprecios, las contrataciones poco claras y las facturas sin sustento son el legado del boom inmobiliario de la justicia. Un índice que, en total, terminó superando por cerca de $ 26 millones el monto original planificado. Así lo establecen cuatro informes de la Contraloría General del Estado.
En el análisis llevado a cabo por la institución, y que revisa los contratos entre el 13 de julio de 2011 al 31 de marzo de 2013, hay problemas que se repiten: se adjudicaron contratos con empresas que no cumplían los requerimientos subidos a la plataforma del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), se invitó al proceso de estudio y diseño a profesionales en calidad de consultores individuales y se permitió la ejecución de rubros nuevos sin la suscripción de contratos complementarios.
En Guayaquil, por ejemplo, el inusitado costo de las Unidades Especializadas empezó con los estudios de suelo, que presentaron fallas y debieron ser corregidos sobre la marcha.
También se hicieron modificaciones sustanciales al diseño sin permiso de la CJT y se suscribió un nuevo contrato de $ 5 millones para la culminación del inmueble estando aún vigentes el ¿original ($ 34 millones) y uno complementario ($ 9 millones).
