Compartir

Al menos nueve personas, entre ellas el expresidente de la República Rafael Correa, serán llamados a rendir versión en la Fiscalía General del Estado, por el caso de la muerte de Jorge Gabela, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en 2010.

Asamblea Nacional

Según el último impulso fiscal del caso (resolución), de los nueve, siete rendirán versión por primera vez y dos ampliarán la ya emitida.

“En relación a la solicitud de recepción de versiones de los ciudadanos Gabriela Espinoza Cabezas, Carlos Arroba Proaño, Rafael Correa Delgado, Silvia Salgado Andrade, Omar Simon, Wilson Mayorga Benalcázar, Pablo Romero Quezada; y ampliación de versiones de las ciudadanas Nadia Ruiz Maldonado y Paola Carrera Izurieta, la Fiscalía General del Estado, como titular de la investigación preprocesal penal, conforme mandato constitucional, señalará oportunamente día y hora para su recepción”, dice el escrito.

Además, en el mismo impulso solicita información específica a la Presidencia de la República, a los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia. Debido a que Silvia Juma, quien estuvo al frente de la investigación, fue designada fiscal de Imbabura, asumió la causa Ángel Cujilema Daga, de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado.

Él es quien está a cargo de la práctica de todas las diligencias dispuestas en este impulso fiscal. Asamblea aprobó el informe Este martes 20 de noviembre, con 75 votos a favor, de 92 legisladores presentes, el pleno de la Asamblea Nacional, ratificó y aprobó el informe de mayoría presentado por la Comisión Especializada Ocasional Multipartidista, creada para recopilar y analizar la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela.

De acuerdo a la resolución legislativa, el documento de 72 páginas y sus anexos será enviado y notificado por la Secretaría de la Asamblea, a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Aquello es en consideración de que, conforme lo previsto en el artículo 76 de la Constitución, serán las autoridades competentes quienes, en el ejercicio de sus atribuciones, desarrollen las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

Estas serán declaradas, mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, respetando las garantías del debido proceso. La Legislatura también decidió no deslindarse del caso, por lo que los miembros de la Comisión Multipartidista que suscribieron el informe de mayoría realizarán el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el documento.

Fuente: El Telégrafo – nota original: LINK