Los decretos que el presidente Lenín Moreno entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó por sorpresa a todos, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

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El Mandatario pidió a la autoridad electoral que convoque la consulta sin esperar el fallo de la Corte Constitucional. Una de las siete preguntas de Moreno toca directamente al Consejo de Participación Ciudadana.

Propone que los actuales integrantes sean cesados y que los próximos se elijan en el 2019 a través de las urnas. Mientras tanto, un Consejo Transitorio estaría al frente. Edwin Jarrín, vicepresidente del Cpccs, se alineó con el discurso de los político de Alianza País que son crítico de Moreno.

Aseguró que con los decretos emitidos por el Mandatario se está fraguando un “golpe de Estado a la institucionalidad del país”. Él había presentado un recurso a la CC para argumentar que el cuestionario era inconstitucional.

Por tanto, agregó, él está analizando interponer una demanda de inconstitucionalidad a los decretos ejecutivos que Moreno entregó este miércoles 29 de noviembre de 2017. La acción la presentaría ante la corte constitucional (CC), en los próximos días. Además, ratificó que la pregunta 3, que propone la reestructuración del Cpccs, no cumple con los parámetros constitucionales.

Por ejemplo -dijo- en la misma interrogante se abordan tres temas: el cese de los actuales consejeros, el cambio en la metodología de elección y la instauración de un régimen transitorio. Por otro lado, Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, prefirió no evaluar si la decisión del Mandatario “es ilegal o ilegítima”.

Esperará a que las autoridades de control encargadas lo resuelvan. Aunque ambos coinciden en que el actual Cpccs continúe trabajando pese a que hay el riesgo de que sean destituidos y que los concursos que están realizando queden sin efecto.

Fuente: El Comercio