El arresto domiciliario que recibieron cientos de privados de la libertad por pertenecer a grupos de riesgo en medio de la pandemia de coronavirus en Argentina, genera un amplio debate por el rechazo de familiares de víctimas y la advertencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de iniciar juicio político a los magistrados que lo avalen.

Dos de los 610 presos que alberga este centro penitenciario murieron por coronavirus. Crédito: El Telégrafo

El arresto domiciliario que recibieron cientos de privados de la libertad por pertenecer a grupos de riesgo en medio de la pandemia de coronavirus en Argentina genera un amplio debate por el rechazo de familiares de víctimas y la advertencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de iniciar juicio político a los magistrados que lo avalen.

La salida de los presos de la cárcel desata preocupación tanto en las autoridades como en la sociedad y en la redes se multiplicaron las convocatorias a un cacerolazo este jueves 30 de abril en repudio al accionar judicial.

El presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, avaló días atrás el beneficio para los privados de la libertad en grupos de riesgo porque “la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa donde el contagio puede darse con mucha facilidad” y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas” para estos casos.

Hasta el momento, se estima que en todo el país cerca de 1 300 presos obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario por la pandemia de la covid-19, en el marco de un sistema carcelario con superpoblación y en el que gran parte de los reclusos debe pagar sus condenas en condiciones de hacinamiento.

Pero la prisión domiciliaria de los reclusos, que protagonizaron ya en los últimos días varios motines violentos en las cárceles en reclamo de este beneficio, medidas sanitarias y otras demandas, divide al oficialismo y levanta críticas de la oposición, al tiempo que familiares de víctimas y diversos colectivos reclaman a la Justicia que proteja a la sociedad.

La mayoría de los reclusos que recibió el arresto domiciliario reside en la provincia de Buenos Aires, donde el juez de Casación Penal Víctor Violini dictó un amparo colectivo que benefició a cientos de personas en privación de la libertad.

Ante las fuertes críticas que recibió por su resolución, Violini aclaró a través de la red social Twitter que el hábeas corpus colectivo que dictó “no permite el arresto domiciliario de delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia”.

Sin embargo, este magistrado otorgó prisión domiciliaria a un hombre de 68 años acusado de abuso sexual de una niña, según informaron fuentes judiciales.

Familiares de víctimas y diversos colectivos se pronunciaron en las últimas horas en contra de la excarcelación de reclusos. “Mi familia y yo sabemos lo que es vivir con los asesinos sueltos durante muchísimos años, no queremos que nadie pase más por esto“, aseguró Roberto Almeida, cuya esposa fue asesinada, y pidió al Poder Judicial que “por favor tengan buen criterio a la hora de firmar los beneficios que correspondan y se tomen también el tiempo que corresponda”.

La agrupación Familiares Atravesados por el Femicidio, el colectivo Actrices Argentinas y entidades feministas también rechazaron que se otorgue el arresto domiciliario a “aquellas personas que ya han demostrado que son peligrosas para la sociedad”.

Fuente: El Comercio-Nota Original : LINK