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Una eventual renuncia de María Alejandra Vicuña al cargo de vicepresidenta de la República no frenaría la decisión de al menos 58 legisladores de formalizar el pedido de juicio político por la segunda causal determinada en el artículo 129 de la Constitución, relacionado con el delito de concusión.

Fotografía: Vicepresidencia de la República

La concusión es una acción mediante la cual un funcionario público, para provecho propio, exige cobros a terceros de manera arbitraria e ilegal.

Las 58 firmas que hasta ayer recogió el asambleísta Fabricio Villamar (CREO) podrían subir a 86 si hasta el martes firman la solicitud los legisladores del bloque de la llamada Revolución Ciudadana (disidentes de Alianza PAIS). De ese grupo solo Lira Villalva lo hizo.

Su coideario, Franklin Samaniego, adelantó que su bancada sí firmará la petición porque, a su criterio, en la denuncia contra Vicuña, se configuran las causales pertinentes, para que se impulse la interpelación que debe seguir, independientemente de que la vicepresidenta renuncie y que aún no haya jueces de la Corte Constitucional.

Villamar precisó que el Ecuador no se merece mantener funcionarios con duda y que la decisión de exigir la renuncia de Vicuña es un acto que le permite recuperar credibilidad. “Si en el camino la señora Vicuña se retira, es un buen mensaje, si luego el presidente de la República quiere reemplazarla, que en primer lugar defina perfiles; que sea alguien bastante honesto sería suficiente”, dijo.

El oficialista Daniel Mendoza, en cambio, señaló que exigir la renuncia a Vicuña está fuera de las competencias de la Asamblea y no tiene efecto jurídico ni es vinculante.

Se debe exigir que la Corte Constitucional sea designada lo antes posible porque le corresponderá dictar la admisibilidad del juicio, indicó.

La fiscal general encargada, Ruth Palacios, ratificó ayer que la investigación previa contra Vicuña se inició. Dijo que si bien la investigación dura un año, la Fiscalía puede reunir elementos antes para realizar la acusación ante un juez.

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Y al respecto, la ministra del Interior, María Paula Romo, indicó en una entrevista de televisión que “lo más apropiado” es que la vicepresidenta solicite licencia para que una investigación que tiene que ver con su desempeño como legisladora no afecte al Gobierno.

Ayer, la vicepresidenta no se pronunció sobre el pedido de renuncia que le hizo la Asamblea. Participó en una feria de emprendimiento, en Pedro Carbo (Guayas).

Durante el acto el alcalde de ese cantón, Ignacio Figueroa (AP), leyó y entregó un manifiesto a la vicepresidenta expresando el respaldo de los campesinos de la zona. “Como ciudadanos conscientes y consecuentes de su trabajo diario desde la Vicepresidencia rechazamos esta persecución política y mediática ante la infundada denuncia que pretende mancillar su honra y generar inestabilidad en el país”.

Fuente: El Universo – Nota original: LINK