La aprobación del informe elaborado por la Comisión multipartidista de la Asamblea, que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por omisión, no solo dejó en evidencia la poca contundencia del texto sino también la falta de revisión de aquellos legisladores que votaron a favor y luego se retractaron. En Decisiones con Jorge Ortiz, Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, afirmó que la redacción del documento refleja que el objetivo solo era político y que, la articulación jurídica, quedó atrás.

Con él coincidió Ramiro García, catedrático universitario y jurista, quien señaló que el correísmo ha tratado de vender la idea de que el tema es político fuera de lo ético y racional. Resaltó que “todas las grandes violaciones de derechos humanos se las ha hecho bajo ese membrete”.

Por su parte, Dalton Bacigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática, justificó su ausencia en la sesión en la que se aprobó el informe como una demostración de rechazo a un “proceso escandaloso y farandulero de querer llevar a juicio político al presidente Lasso por causales inexistentes”, dijo y agregó que se trata de un gesto de desprecio de un “burdo montaje” que demuestra la baja calidad de asambleístas que hay en el país.

Para los analistas, estos hechos que, evidentemente, han incidido en la debilidad institucional, devienen de la falta de conexión del Gobierno y la Asamblea con las necesidades la población, especialmente, del sector indígena. En ese sentido, Francisco Sánchez, señaló que el Legislativo refleja la desigualdad que hay en el país y enfatizó en que desde el Gobierno se debe tomar más en serio al movimiento indígena y asumir que este tiene una “agenda autónoma”.

Para Sánchez, el principal problema que ha generado desestabilización e incertidumbre, radica en que Ecuador tiene un Parlamento “muy tirado a la izquierda con un presidente muy tirado a la derecha”, dijo. Agregó que el presidente Lasso ha presentado 7 proyectos de ley en lo que lleva de Gobierno y solo ha conseguido aprobar tres. Recordó que, por ejemplo, Lenín Moreno, presentó 30 leyes y consiguió 23, mientras que, Rafael Correa consiguió presentar 23 proyectos y aprobó 20.

Sobre este tema, Ramiro García, catedrático universitario y jurista, recordó que, en las elecciones de 2021, la ciudadanía no votó por un plan de Gobierno sino en contra de una posición autoritaria y antidemocrática, refiriéndose a la época correísta. En este marco, para García, la forma de mantener a esta postura fuera del poder, es “conectando con la realidad”, es decir, entendiendo los niveles de pobreza y que, la conflictividad social y política, “tiene que ver con la inequidad social”.

De su lado, el asambleísta Bacigalupo manifestó que la conflictividad va a seguir existiendo porque “ese es el negocio político del correísmo”, la desestabilización. En este marco, enfatizó en que el juicio político que impulsa la bancada de Unes, “está definitivamente derrumbado” porque no existe la causalidad de comisión por omisión en los delitos de cohecho y concusión.

Aunque la solicitud de juicio político aún no sea presentada y el dictamen de admisibilidad esté en manos de la Corte, García adelantó que esta no puede analizar si existe o no la infracción o si hay pruebas de la responsabilidad penal. No obstante, esta va a tener que analizar es si es posible de imputar penalmente de esos delitos o no. Lo cual, para García, es evidente que no porque “existe una limitación expresa”.

El catedrático concluyó en que, si el presidente Lasso habría tenido una mayoría en la Asamblea, su Gobierno se habría caído hace un año porque se hubiera producido una flexibilización laboral, de la seguridad social, privatización de varios sectores. “Afortunadamente él no ha tenido la facilidad de imponer su modelo de gobierno porque es arcaico”, lamentó.

En cambio, Bacigalupo mostró su esperanza en que el presidente Lasso termine su período para lo cual recomendó tomar medidas eficaces como un proyecto Urgente de Reforma la ley tributaria que “se aprobó con complicidad del correísmo” para aliviar la situación de la clase media, la cual, dijo, fue golpeada con la última modificación.

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