Una vez que se entregó en Colombia Galo Pacheco, uno de los nueve procesados por un peculado ocurrido al interior de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), y fue internado en el Centro de Detención Provisional de Quito, su abogado, Diego Chimbo, espera que se defina una fecha para la audiencia de apelación a la prisión preventiva.

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La instrucción fiscal de esta causa se cerró el pasado 30 de noviembre, por lo que la fiscal general (e) Ruth Palacios incluso ya solicitó a la jueza Sylvia Sánchez defina una fecha para la audiencia preparatoria de juicio en la que emitirá su dictamen acusatorio, abstentivo o mixto contra los procesados, entre los cuales está el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado.

Para Chimbo es “incoherente” que se desarrolle una audiencia preparatoria de juicio antes de que se haya realizado la audiencia de apelación a la prisión preventiva. “En la audiencia preparatoria de juicio la fiscal tiene que pronunciarse sobre las medidas cautelares y cómo se va a pronunciar sobre una medida cautelar que está apelada”.

La apelación a la prisión preventiva también la solicitó hace ya más de un mes Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Medios Institucionales; Javier Lemus, excoordinador Administrativo Financiero; Vanessa Salgado, directora de Talento Humano (s); Juan Chiriboga, exdirector Financiero; y los proveedores Carlos Bravo, gerente de la compañía Gota Azul, y Beatriz Vivanco, representante de la empresa Satré Comunicación Integral.

Pacheco, quien era administrador del contrato entre Victor Hugo Erique y la Secom, se entregó a la policía en Cúcuta (Colombia) a casi un mes de que fuera vinculado al caso. Según Chimbo, su cliente lo único que hizo en este proceso fue administrar un contrato de $12.000 y no tiene nada que ver con los otros dos contratos analizados.

Chimbo cree que la fiscal Palacios no debe solo declarar la inocencia de su defendido sino de todos, pues considera y está convencido de que no existe delito de peculado.

“Tenemos tres contratos en donde participaron personas diferentes en cada contrato, pero están metidos todos en un mismo peculado, lo cual visto desde la dogmática es totalmente insostenible. El caso es jurídicamente insostenible si se lo quiere manejar como se lo han manejado”, explicó.

Fuente: El Universo – Nota original: LINK