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Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, llegó este lunes a la Corte Constitucional (CC) para presentar observaciones a la tercera pregunta de la consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno.

@DEFENSORIAEC

La interrogante se refiere a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y expresa: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?

El documento de la Defensoría llegó hasta la Secretaría General de Documentología. Luego de presentar la solicitud, el defensor ofreció declaraciones a los medios de comunicación para explicar su preocupación. Indicó que con esta pregunta cambiaría la función que cumple el Cpccs.

“El problema grave que se presenta contra la estructura de la Democracia es que el órgano controlado puede pasar a ser el órgano controlador. Cada función del Estado tiene su competencia y hay una Función de Control”, expresó.

En esa línea, el funcionario añadió que someter esta pregunta a la consulta significaría “que se está instrumentalizando el voto popular para dar un paso para el resquebrajamiento de la estructura democrática del país”.

Rivadeneira añadió que la redacción de la propuesta, tal como se encuentra planteada, de ser aprobada en la consulta, dejaría abierta la posibilidad de que un Consejo de Participación en transición, de origen gubernamental, pueda cesar en funciones al Defensor del Pueblo y designar a la nueva autoridad.

“Este escenario supone anular la autonomía e independencia que debe garantizar el Estado a las instituciones Nacionales de Derechos Humanos”, añadió Rivadeneira.

El titular solicitó, además, que se le convoque a audiencia pública para sustentar lo planteado y así se busque fortalecer la independencia y autonomía de la Defensoría del Pueblo como la Institución Nacional de Derechos Humanos en el Ecuador.

Fuente: El Telégrafo