«Estamos insistiendo con la jueza para que cambie la fecha de la audiencia dada la urgencia y los efectos concretos que está teniendo la aplicación de la medida sobre grupos de atención prioritaria», señaló Benavides
Asimismo, adelantó que promueven un pronunciamiento de las Defensorías de Colombia y Perú, con el objeto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) haga un monitoreo sobre el tema.
«Le hemos planteado, además, a la Cancillería que acoja el pedido de las personas venezolanas varadas en Rumichaca (paso fronterizo entre Ecuador y Colombia)», que en un carta, con decenas de firmas, solicitan que se respeten los acuerdos internacionales donde se establece el libre tránsito de migrantes, anotó.
En la carta -a la que Efe tuvo acceso-, los migrantes señalan las razones por las cuales salieron de su país, aseguran que respetan los reglamentos internos de cada nación, pero recuerdan la necesidad de respetar los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha lamentado la demora judicial en el tratamiento de la medida cautelar que solicitó el pasado viernes para intentar frenar la exigencia de pasaporte a ciudadanos venezolanos.
Decenas de migrantes de Venezuela han quedado varados en la zona fronteriza con Colombia pues estaban en camino cuando Ecuador anunció, por sorpresa, la medida el pasado jueves.
La exigencia entró en vigor el sábado y pese a ello, varios venezolanos que ingresaron sin pasaportes iniciaron el domingo una caminata por carreteras de la nación en su camino a Perú, según dijeron entonces.
En la frontera, Efe ha constatado escenas de angustia de decenas de venezolanos que miran con incertidumbre su futuro en su huida de la crisis en su país, pues -según dijeron- su intención no era quedarse en Ecuador sino transitar hacia Perú, país que también exigirá pasaporte desde el próximo sábado.
Por ello, muchos clamaron ayer por la implementación de algún mecanismo que les permita atravesar Ecuador para poder llegar a Perú sin pasaporte antes de la fecha límite.
Para la Defensoría, la medida migratoria del Gobierno de Lenín Moreno atenta contra el derecho a migrar reconocido en la Constitución.
El ministro ecuatoriano del Interior, Mauro Toscanini, ha defendido la medida para «garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado» y para evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes.
Pero Benavides argumenta que está probado que cuando se ponen medidas de restricción se fomenta la migración irregular, por lo que teme que aumenten los delitos que se pretende evitar.
