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Como una forma de reconocer errores calificó la defensora del Pueblo, Gina Benavides, el pedido de disculpas públicas a tres sectores que, a su criterio, fueron estigmatizados y discriminados.

Tomada de Twitter

La funcionaria presidió el acto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las disculpas estuvieron dirigidas a la organización Yasunidos, periodistas y los 10 de Luluncoto. Benavides sostuvo que esta acción permitirá, además, devolver la dignidad y el reconocimiento público de las personas que fueron excluidas y que sus casos estuvieron en la impunidad. “Esto no nos compete a nosotros, pero tiene que ser resuelto por otras instancias y estamos haciendo los exhortos para que las autoridades puedan reabrir casos y puedan definir políticas públicas”, dijo al detallar que ese “reconocimiento moral” estará plasmado en un documento que será entregado a los afectados.

Los primeros (Yasunidos) lamentaron las acciones del Gobierno anterior, quien decidió en 2013 poner fin a la iniciativa Yasuní–ITT, que buscaba dejar el petróleo bajo tierra a cambio de una contribución económica de la comunidad internacional. Tiempo después, el colectivo promovió una consulta popular sobre la extracción del crudo. En el caso Los 10 de Luluncoto, sus integrantes fueron capturados en marzo de 2012 (en Quito) por la Policía Nacional y procesados por terrorismo. Nueve de ellos fueron apresados y a una ciudadana le ordenaron arresto domiciliario por su embarazo. Fueron liberados entre diciembre de 2013 y marzo de 2015.

Este caso se encuentra en la Mesa de Verdad y Justicia del Consejo de la Judicatura, que determinará hasta finales de año si fueron perseguidos políticos del anterior gobierno; además de identificar si jueces y fiscales del caso violaron el debido proceso. En cuanto a los comunicadores, la Defensoría del Pueblo se disculpó con 2.479 periodistas que supuestamente recibieron agresiones, con base al seguimiento de Fundamedios. Asimismo, se realizó dicho reconocimiento a los familiares del equipo periodístico secuestrado y asesinado a inicios de año en la frontera norte a manos de Walter Arízala, alias “Guacho”. “El responsable debe ser asumido como el Estado. Los efectos vienen de un proceso de hace 10 años donde hubo limitaciones en los derechos humanos.

Fuente: El Telégrafo