En una rueda de prensa, el abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, formuló un llamamiento «a los colectivos de todo el mundo» para que se solidaricen con la causa de los amazónicos ecuatorianos que se sienten afectados por la petrolera estadounidense.
«Vamos a movernos en parlamentos europeos, donde sea en el mundo, pero vamos a ir con la denuncia pública en todo el planeta para exigir que la empresa respete nuestros derechos», señaló Fajardo.
El pasado viernes, el Gobierno ecuatoriano confirmó que el tribunal arbitral de La Haya se pronunció a favor de Chevron en un litigio por contaminación ambiental en el país y pidió medidas contra funcionarios del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) por su presunta responsabilidad en el caso.
Fajardo insistió en que el laudo arbitral es inaplicable en derecho, porque opina que no tiene jurisdicción en un litigio entre privados.
Según Fajardo, en 2011, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares para reparar los graves daños ambientales que colonos e indígenas amazónicos le acusan haber dejado en sus territorios.
Chevron, renuente a pagar, ha dicho que la condena obedeció supuestamente a un complot de los demandantes, junto con el Gobierno de entonces, para supuestamente perjudicarla.
Fajardo subrayó que lo que está en juego es la «reparación ambiental de la Amazonía ecuatoriana» y añadió que buscarán «más cortes en el mundo» para intentar homologar y ejecutar la sentencia de la corte ecuatoriana.
«Vamos a usar todas las herramientas posibles, jurídicas existentes en el mundo para defender nuestros derechos», añadió y advirtió de que en caso de que el Estado pretenda impedir que ejerzan su derecho a defenderse y ejecutar la sentencia, recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado.
El indígena Humberto Piaguaje, involucrado en el proceso desde hace 25 años, aseguró que continuarán la lucha que «no es solo de los pueblos amazónicos» ecuatorianos sino «de todos los pueblos indígenas a nivel del mundo».
Y pidió la unidad de todos los ecuatorianos porque es un caso que no solo afecta a los indígenas, sostuvo.
Para Alexandra Almeida, representante de la organización no gubernamental Acción Ecológica que ha acompañado el proceso, dijo que al momento realizan una «denuncia al mundo» pues consideran que el laudo «ordena al Estado ecuatoriano a violar derechos humanos».
Consideró que el laudo «burla 25 años de lucha ante la demanda de justicia y reparación ambiental» de los afectados, «revictimiza a los pueblos originarios de la amazonía y pretende dejarlos en un estado de indefensión».
Considerado uno de los mayores litigios por contaminación ambiental, el caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida en 2001 por Chevron-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990. (I)
Fuente: El Telégrafo
