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El Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio investiga cinco casos de funcionarios de planta central y de provincias, vinculados a presunto tráfico de influencias, entre ellos Juan Vizueta, director nacional de esta entidad.

El Telégrafo/ Archivo

La Judicatura investiga un escrito que envió Vizueta a la Unidad Judicial de Samborondón el 19 de julio, un día después de su nombramiento como director. En este documento solicita una prórroga de una práctica pericial por una declaración juramentada de unión de hecho, tras un accidente, en el que murió la teniente Blanca Murillo.

Según Vizueta, el documento lo firmó el 18 de julio antes de ser posesionado por el pleno de la Judicatura. Su cliente entregó ese escrito en la Unidad Judicial de Samborondón a las 09:28 del 19 de julio, pero ese día a las 11:50 fue oficialmente posesionado de su cargo.

Sin embargo dejó de actuar en el caso, luego de asumir sus funciones. Para el vocal del CJ, Juan Pablo Albán, los señalamientos de la familia Jaramillo Murillo no se limitan a la presentación del escrito, sino que incluyen presiones indebidas a los operadores de justicia (jueces y fiscal), y la rotación de jueces justo antes de actos procesales claves.

Mimi Jaramillo Castro, familiar de Blanca Murillo, señaló, por ejemplo, que la fiscal Cecilia Rodríguez recibió amenazas de ser despedida de su cargo el 5 de septiembre, cuando se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de John Coppiano, presunto implicado en la muerte de la teniente del Ejército.

“Tenemos pruebas certificadas de sus actos por proteger y defender al procesado, que fueron entregadas a la Judicatura”, dijo Jaramillo. Además, afirmó que Vizueta usó papeles membretados de su despacho jurídico, ya siendo director. Vizueta negó estas acusaciones. “El escrito del 18 de julio fue el único”, aseguró.

Cree que el caso son retaliaciones por denuncias de presiones en la causa de peculado de Iván Espinel, en la que actúa la fiscal Rodríguez.

Albán señaló que Vizueta no desvirtuó los diversos aspectos de la denuncia el martes último que fue convocada por el pleno al igual que la fiscal Rodríguez y familiares de Murillo. Por eso se abrió un expediente administrativo.

Fuente: El Telégrafo