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En Más Allá de los Hechos con Estéfani Espín, abordamos las denuncias por el supuesto cobro de diezmos en la Asamblea Nacional. Nuestros invitados fueron: Eliseo Azuero, asambleísta independiente y exprefecto de Sucumbíos; Pablo Santillán, asesor legislativo y Patricio Donoso, asambleísta por CREO e integrante del Consejo de Administración Legislativa.

Fotografía: Shutterstock

Para el asambleísta Eliseo Azuero, “la práctica de diezmos debe ser castigada, la legislación prohíbe expresamente actos de extorción”. El Legislador repudió los hechos que han salido estos días a la luz pública, referentes a la solicitud de pagos por parte de varios asambleístas al personal contratado en sus despachos. Azuero señaló que para este efecto es necesario que los perjudicados presenten la denuncia en el CAL, instancia que debe brindarles toda la protección necesaria a fin de evitar que sean despedidos como represalia, y posteriormente articular dicha denuncia con Fiscalía y Contraloría. Recalcó también en la necesidad de contar con un Código de Ética en la Asamblea Nacional.

Pablo Santillán, asesor legislativo, estos ‘cobros’ de varios asambleístas al personal llegan hasta pagos mensuales personales, inclusive de familiares. Santillán, quien ha sido el encargado de receptar las denuncias de este particular, afirmó que esa práctica es “un secreto a voces” en la actual Asamblea y en el ex Congreso. Conforme la información recopilada, con la solicitud de reserva correspondiente por funcionarios afectados, en muchos casos ellos deben hacer compras de supermercado, pagar pensiones escolares, arriendos, planes telefónicos, compra de ropa, entre otros, de los asambleístas para los que trabajan y en algunos casos, hasta para sus familiares.

Patricio Donoso, asambleísta por CREO e integrante del Consejo de Administración Legislativa dijo que “la Asamblea debe brindar las facilidades a la Contraloría y Fiscalía para esclarecer los cobros mal habidos en la Legislatura”. Donoso, afirma que todas las denuncias de presuntos cobros extras de asambleístas a funcionarios deben ser transparentadas, es decir, deben incluir las pruebas correspondientes. Además fue enfático en señalar que en primer lugar se debe garantizar la estabilidad laboral de los servidores legislativos y administrativos que están sacando a la luz este tema, para que en una segunda instancia la Contraloría y Fiscalía investiguen y sancionen dichas denuncias, de llegar a comprobarse.