Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Moreno, explicó que la desclasificación implica que las personas afectadas, tanto en el caso Balda como Gabela, «podrán pedir a cualquier institución del Ejecutivo la liberación de todos los documentos que crean necesarios y, también, por supuesto la justicia, quienes defienden los casos, quienes se sienten agraviados».
En rueda de prensa, Roldán recalcó que la posición del Primer Mandatario es de «profundo respeto a la democracia, que «solamente se puede sostener sobre argumentos de verdad». Explicó que son las personas que están interesadas en la entrega de información las que tienen que acercarse a solicitarla y se las entregará a la «brevedad posible».
El funcionario aclaró que la decisión de desclasificar la información no se tomó por presiones. «Nosotros tomamos decisiones respecto a esclarecer.
Fue por peticiones, la presión es un tema absolutamente distinto», apuntó. En cuanto al exasambleísta Galo Lara, quien cumple condena por el triple crimen de Quinsaloma, dijo que en ese caso se esperan los informes pedidos a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública. Moreno anunció el lunes 4 de junio que enviará a la Defensoría del Pueblo también el caso de desaparición del joven David Romo.
Roldán apuntó que la desclasificación no interfiere en los procesos judiciales en marcha, como es el caso Balda, sino que más bien «abona a tener más información, para que tanto la Fiscalía como los jueces puedan tener la decisión más acertada». «Buscamos abonar, con respeto total de la independencia de las otras instituciones, para que estos casos se esclarezcan», agregó.
Sobre una posible desclasificación en el caso 30S, el funcionario explicó que todos los casos que tengan que ver con preocupaciones sociales tendrán el mismo trato. Sin embargo, recalcó que es decisión del presidente Moreno.
Fuente: El Telégrafo
