Geovanny Atarihuana, dirigente de Unidad Popular, en Notimundo Estelar, rechazó el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social después de conformar una comisión que revise la designación de la Corte Constitucional.

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Para Atarihuana, era necesario presentar una denuncia en la Fiscalía  porque cuatro consejeros (José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá) son responsables del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente por violentar el dictamen de interpretación constitucional el cual establece que el “Cpccs definitivo no está facultado para revisar las decisiones de carácter general o particular tomadas por el órgano transitorio en ejercicio de sus competencias extraordinarias”. 

Además, la jueza Irene Pérez, de la Unidad lo Penal de Pichincha, aceptó el pedido de medidas cautelares presentado por el asambleísta independiente, Fabricio Villamar, en contra de la conformación de la Comisión Especializada para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional, conformada por el Consejo.

Ante esto, Geovanny Atarihuana insistió en que los Consejeros que tuvieron faltas deben responder penalmente, pues aún se investiga los posibles delitos como falsificación de documentos por parte de Tuárez. Además dijo que hay responsabilidad política por el abuso de funciones.

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