Compartir

César Navas, ministro del Interior, confirmó, este lunes, la detención de dos personas que laboraban en dicha entidad por un presunto delito de asociación ilícita, bajo la modalidad de concusión.

El Telégrafo

El caso lo anunció durante una rueda de prensa, en Quito. Indicó que se conoció sobre una denuncia de funcionarios que habrían recibido dinero por agilizar y favorecer ciertos procesos de contratación pública. Navas advirtió que en agosto pasado, se dispuso a través del Departamento Jurídico que se presente la respectiva denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Luego de tres meses de investigación, el Ministerio Público dispuso la detención de cuatro personas, de las cuales dos eran funcionarios de la cartera del Interior. Las cuatro personas investigadas tienen orden de arraigo por el delito de concusión (acto que involucra a un funcionario público por influenciar sobre la toma de una decisión a cambio de un pago).

El funcionario informó que uno de los funcionarios se encontraba por prestación de servicios y el otro es de libre remoción. También se refirió a otra de las acusadas, María Paula C. Ella intentó salir del país y fue interceptada para verificar si pesaba sobre ella algún impedimento, explicó, pero pudo dejar el país debido a que las autoridades de migración comprobaron que no existía un documento que imposibilite su viaje.

Estafa a aspirantes a policía

El ministro también ofreció detalles sobre la desarticulación de una banda dedicada a estafar a aspirantes de policía. En un primero operativo fueron detenidas 17 personas, entre estas se encontraban un policía en servicio activo, otro en servicio pasivo, un guía penitenciario, siete privados de libertad y siete de sus familiares.

En el segundo operativo se desarticuló a una organización con 10 integrantes. Entre ellos constaban policías en servicio activo, médicos del hospital de la Policía Nacional. Además se allanaron nueve inmuebles (cinco consultorios y cuatro oficinas).

Según investigaciones previas, los miembros de la organización ofrecían a sus incautos “cupos garantizados” a cambio de altas sumas de dinero. La organización ilegal operó en Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo y Tungurahua.

Fuente: El Telégrafo