Alfonso Ordeñana, presidente de la Corte de Justicia del Guayas, acogió el pedido de Fiscalía y solicitó prisión preventiva para Sandra Arcos, viuda del exprefecto del Guayas Carlos Luis Morales, fallecido hace dos semanas; para Javier V. A. y Lizbeth M. C., por el presunto delito de tráfico de influencias.

Créditos: El Universo

Alfonso Ordeñana, presidente de la Corte de Justicia del Guayas, acogió el pedido de Fiscalía y solicitó prisión preventiva para Sandra Arcos, viuda del exprefecto del Guayas Carlos Luis Morales, fallecido hace dos semanas; para Javier V. A. y Lizbeth M. C., por el presunto delito de tráfico de influencias.

La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la adquisición de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas durante la emergencia sanitaria en el país por la pandemia de COVID-19.

La audiencia de vinculación se desarrolló el pasado viernes, en la Corte Provincial de Justicia, en el centro de Guayaquil. Durante la diligencia, la fiscal provincial, Yanina Villagómez, presentó como elementos de convicción la declaratoria de emergencia que se inició el pasado 23 de marzo y su ampliación, luego de 51 días, que fue emitida por el entonces prefecto Carlos Luis Morales, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 en la provincia del Guayas.

La funcionaria también presentó información del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), en la que se señaló a personas y compañías que, supuestamente, habrían participado en el proceso de compras de insumos médicos para la Prefectura del Guayas.

Dentro de la investigación, la Fiscalía determinó presuntas irregularidades en la adjudicación de mascarillas y pruebas rápidas de COVID-19, pues habrían sido adquiridas con sobreprecio. Además, los contratos habrían sido suscritos con personas y empresas relacionadas con el entonces prefecto Morales.

La Fiscalía señaló que algunas de estas empresas, supuestamente, se encontraban en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían fachadas. En otras, no coincidían las direcciones registradas en la Superintendencia de Compañías.

Sandra Arcos y su hijo Javier V. A. serían propietarios y accionistas de empresas que firmaron contratos con la Prefectura del Guayas. Lizbeth M. C. habría sido la funcionaria encargada de la coordinación provincial de compras públicas de dicha institución.

Además de la prisión preventiva en contra de los tres procesados, quienes se encuentran prófugos, el juez Ordeñana dispuso la prohibición de enajenar bienes inmuebles y vehículos y la retención del dinero en el sistema financiero bancario nacional. La instrucción fiscal se amplió a 120 días.

La semana pasada, a Arcos se le negó un recurso de habeas corpus para que se revoque su orden de prisión y pueda rendir su versión libre.

Durante la gestión de Morales, la Prefectura del Guayas suscribió contratos por 5,6 millones de dólares en 41 compras bajo la modalidad de emergencia, entre el 7 de abril y el 1 de junio, según el Sercop.

En uno de los contratos, la Prefectura destinó $89 577 a la empresa Zerasamiz S. A., cuyo presidente es Hermelindo Velásquez, para un servicio de procesamiento de pruebas rápidas de COVID-19.

Velásquez es dueño de otras compañías. Zerasamiz S. A. presentó sus registros financieros ante la Superintendencia de Compañías en hojas membretadas de la empresa relacionada con Marcauto S. A., cuyo propietario es Xavier Vélez, exesposo de Sandra Arcos.

Fuente: El Universo – Nota Original: aquí