La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, comparece este lunes en el Senado, para defenderse en el juicio político que se sigue contra ella.

EFE

Es un feo retorno a la realidad para la nación sudamericana, después de la fiesta de los Juegos Olímpicos de Río.

Rousseff es acusada de modificar ilegalmente cuentas antes de su reelección en 2014 para ocultar un déficit en el presupuesto y seguir financiando programas sociales populares.

La mandataria suspendida niega los hechos y ha calificado todo el proceso como un golpe de Estado técnico dirigido por políticos implicados en una masiva investigación sobre corrupción.

«Cuando un presidente es acusado de un crimen que no cometió, el nombre que tenemos para eso en una democracia no es un juicio político, es un golpe», dijo a periodistas en mayo luego de que el Senado votó a favor de iniciar los procedimientos.

Fue suspendida de todas sus funciones en mayo y fue reemplazada por su antiguo socio de gobierno, Michel Temer, un hombre al que se le acusa de apuñalarla por la espalda.

La votación final se espera para el martes. La acusación debe ser ratificada por 54 votos o dos tercios de la mayoría de 81 senadores.

Si la votación pasa -y la mayoría de los observadores en Brasil espera que lo haga fácilmente- Temer se convertirá en el nuevo presidente del país, hasta las elecciones generales de 2018. Por desgracia para él,junto con las llaves del palacio presidencial en Brasilia, heredaría una economía en recesión.

Rousseff fue elegida por Lula como su sucesora. Fue reelegida en 2014 pero debido a la recesión económica y los crecientes escándalos de corrupción, su popularidad se desplomó a solo el 10%.

Si es destituida, se terminará con 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, que comenzó con Luiz Inacio Lula da Silva, un popular líder que sirvió durante dos mandatos.