Rousseff enfrenta un juicio político por decretos que alteraron el presupuesto de la nación. Es acusada de modificar ilegalmente cuentas antes de su reelección en 2014 para ocultar un déficit en el presupuesto y seguir financiando programas sociales populares.
«No he cometido ninguno de los delitos de los que se me acusa», dijo Rousseff. «Sé que seré juzgada, pero mi conciencia está tranquila. No tengo nada que esconder».
La acusación debe ser ratificada por 54 votos o dos tercios de la mayoría de 81 senadores. Si la votación pasa, Rousseff será destituida definitivamente y Michel Temer, quien ocupa la presidencia interina desde que la mandataria fue temporalmente apartada de sus funciones, la reemplazará hasta las elecciones generales de 2018.
Es ampliamente esperado que Rousseff sea destituida. Así lo evidenció la votación del pasado 9 de agosto que dio luz verde definitiva al juicio político, que superó ampliamente los votos requeridos: 59 senadores votaron a favor y 21 en contra de iniciar el proceso.
La mandataria suspendida ha calificado todo el proceso como un golpe de Estado técnico dirigido por políticos implicados en una masiva investigación sobre corrupción.
