Bolívar Garzón, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador, manifestó que los operativos para el levantamiento de cadáveres se realizan en conjunto con la Fiscalía General del Estado, Criminalística y las Fuerzas Armadas. Precisó que, tras haber tomado el control y el orden de la Regional del Guayas, se ha podido ingresar a los pabellones y ahí las escenas son “terribles”.

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Con corte a las 13:00 de este miércoles, 29 de septiembre, los hechos de violencia registrados, este martes, en la cárcel Regional del Guayas dejan al menos 40 fallecidos y 60 heridos. Sin embargo, en exclusiva para NotiMundo a la Carta, el dirigente del SNAI, Bolívar Garzón, indicó que, tras recorrer el sitio, no se quiere informar una cifra oficial.

Esta mañana, la Fiscalía General del Estado comunicó el inicio de una investigación por los hechos violentos y amplió que cinco de los fallecidos “habrían sido decapitados“, mientras que los internos heridos fueron atacados con armas cortopunzantes y balas.

En NotiMundo a la Carta, Bolívar Garzón, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador, informó que, al momento, las Fuerzas Armadas garantizan el control externo de la penitenciaria del Litoral con la intención de que no se produzca un nuevo amotinamiento a causa de la presencia de familiares que exigen conocer la lista de fallecidos. Puntualizó que esta tarea corresponde únicamente a la Fiscalía General del Estado y a Criminalística, entidades que se encuentran en el punto de conflicto.

Señaló, también, que está suspendido el servicio de alimentación porque existe una prohibición para el ingreso de personas externas que puedan “provocar” desmanes o ser víctimas de un secuestro. Además, para «debilitar» a los internos y avanzar en los operativos de orden. Indicó que, la entrada de objetos prohibidos a las cárceles del país, burlan cinco filtros que fueron recientemente incorporados con el objetivo de garantizar la seguridad penitenciaria.

Agregó que la situación “se va de las manos” porque pese a las modificaciones administrativas y de cargos jerárquicos los centros continúan registrando levantamientos impulsados por “la búsqueda de poder” entre bandas. En ese sentido, dijo que “suponen” que el armamento “está adentro desde hace mucho tiempo”, ubicado en “caletas”, porque “la última requisa se hizo hace 8 días, la anterior hace un mes y lo que se saca es poco porque lo esconden muy bien; no se puede hacer más. Vamos a especificar más, pero eso no justifica esta matanza”.

Manifestó, también, que existen medidas que limitan sus capacidades de operación porque “no se pueden ir en contra de Ley” y anotó que uno de los privados de libertad goza de una acción de protección emitida por un juez.

“La situación es crítica”, concluyó.

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