Ella es una de las 50 primeras personas que en Ecuador se benefician de la implementación del dispositivo, que es monitorizado desde las centrales del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911.
Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, explicó que se adquirieron 4.000 dispositivos, de los cuales 400 ya están en el país y el resto llegará en mayo.
Los jueces analizan cada caso con un informe proporcionado por el Ministerio de Justicia, así autorizan el uso del artefacto y determinan si la persona puede o no movilizarse libremente. “En caso de salirse del área se emite una alerta, también si la tobillera es manipulada o si la batería no es cargada adecuadamente. Por ejemplo, los que pueden salir tienen restricciones de ir a terminales aéreas, terrestres o portuarias”.
La inversión es de $ 10 millones, pero “el ahorro es de $ 23 millones”. Explicó que esto no genera un gasto por rehabilitación dentro de los centros y en los arrestos domiciliarios ya no será necesaria la Policía.
