Fue una decisión deses­perada para 17 emigrantes ecuatorianos y centroamericanos. Saltar al río Bravo, en el límite entre México y Estados Unidos o rendirse ante un grupo armado que los perseguía.

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Frontera MÉxico/ Crédito: Agencia Andes

La noche del 13 de este mes, 12 viajeros optaron por la primera vía y otros cinco fueron llevados por los criminales. Esta alerta la lanzó la mañana de ayer la organización 1800migrante.com, que tiene sedes en Nueva York y Cuenca.

Ayer, Diario El Comercio localizó a los familiares y conocidos de dos personas que perdieron la vida y a los allegados de Myriam Paguay, que todavía se encuentra desaparecida.

Los cuerpos de los lojanos Luis Quezada Aguilar, de 23 años, y de Héctor González Godoy, de 28, ya fueron encontrados flotando en el río. El primero fue hallado el pasado viernes y el otro, ayer.

La identificación de los cadáveres fue rápida, porque en los bolsillos de sus pantalones encontraron una bolsa plástica donde estaban la cédula y su certificado de votación. Los casos ya han sido reportados a autoridades de EE.UU. y de Ecuador, para la reconfirmación de sus identidades.

El trámite de repatriación del cuerpo de Quezada es la prioridad de su hermana Francisca. Ayer, ella estaba en su casa y contó que el fallecido salió de su natal San Lucas, en la provincia de Loja, el pasado 27 de marzo. Tiene dos niños y sus familiares dicen que lo que ganaba como conductor y ayudante en un transporte interprovincial no le alcanzaba para mantener a los pequeños. Antes de cumplir los 7 años, Luis Quezada quedó huérfano de padre y madre y desde entonces vivió con una tía.

Él trabajaba para ayudarla. El lunes pasado, su hermana Francisca viajó a la capital lojana para solicitar ayuda para la repatriación del cuerpo y para denunciar al ‘coyote’. Pero antes de ingresar a la Gobernación, un enviado de este ‘coyote’ le entregó un cheque por USD 10 700, que es la misma cantidad que pagaron por el viaje. Ese dinero fue reu­nido por la familia mediante créditos entregados por instituciones financieras de Loja.

Ahora lo único que saben en casa es que su familiar murió por escapar de los armados. Una salvadoreña, que dijo haber permanecido “varios días” secuestrada por los grupos armados, contó a la organización 1800migrante.com que oyó los gritos desesperados de las personas que estaban en el agua.

“Unos cinco que no se lanzaron intentaron correr al monte, pero fueron atrapados por los grupos armados”. La mujer contó que estaba libre luego de pagar un rescate.

El territorio en donde ocurrió el hecho pertenece al estado de Tamaulipas, en donde operan Los Zetas, una organización criminal de México dedicada al narcotráfico, que usa el terrorismo para intimidar.

Agentes estatales de México saben que los emigrantes son secuestrados para convertirlos en ‘mulas’ del narcotráfico, para trata de personas o para extorsionar a sus familiares. “Viven humillaciones, maltratos y cuando no hacen lo que ellos piden los matan”, indica el director de 1800migrante, William Murillo.

Eso ocurrió en agosto del 2010 en Tamaulipas, con la masacre de 72 emigrantes que conmovió a la región. En ese entonces uno de los sobrevivientes fue el ecuatoriano Freddy Lala Pomavilla.

Según los primeros datos recopilados en la frontera México-EE.UU., los ecuatorianos que estaban en ese grupo son de diferentes partes del país. Myriam Paguay era de Chimborazo. La familia Paguay Mejía, que vive en la comunidad de Guántug, ubicada en el cantón Guamote, desconoce el paradero de su hija, de 21 años.

El último contacto telefónico que tuvo Francisco con su hija fue el 13 de este mes. Le dijo en kichwa: “Papi, estoy en Monterrey, cerca de llegar a Estados Unidos. No te preocupes por mí”.

Francisco Paguay se enteró que había emigrado dos días después de que ella había partido de Guántug, que es un pequeño poblado de caminos lastrados y casas sencillas.

Estudiaba Contabilidad en una Universidad de Riobamba y ayudaba a sus padres en la agricultura. Pero se marchó.

La ministra del Interior, María Paula Romo, dice que pedirán a los funcionarios que están en los países involucrados que les mantengan informados del delito cometido.

Fuente: El Comercio- Nota original: LINK