El Gobierno se reservó este martes el derecho a ejercer acciones legales contra el fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, por unos cables filtrados en esa red que supuestamente afectan a Lenín Moreno.

CIDH solicita a Ecuador con la solicitud de medidas cautelares para Assange - El Telégrafo

«La verdad es que estamos muy sorprendidos, no solamente por esa y otras actuaciones que ha tenido el señor Assange y sus abogados» contra el Gobierno, manifestó este martes en una rueda de prensa el canciller ecuatoriano, José Valencia. ​

Aseguró que ante esta y «otras declaraciones o pronunciamientos o conductas del señor Assange«, Ecuador procederá con arreglo al derecho internacional. Cuando el Gobierno tenga que ejercer esas acciones, «las aplicaremos de una manera sustentada pero firme», subrayó el jefe de la diplomacia ecuatoriana.

Se refirió a unos cables filtrados por WikiLeaks en los que se aseguran que Moreno intentó «vender» a Estados Unidos la custodia de Assange, a cambio de un alivio de la deuda para Ecuador. El australiano se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 y es protegido por el Estado sudamericano que lo asiló para evitar una posible extradición suya a EE.UU., donde teme ser condenado por haber filtrado cables diplomáticos que avergonzaron a Washington y a otros gobiernos.

Valencia recordó que el Ejecutivo de Ecuador ha ratificado su protección a Assange, aunque le ha llamado reiteradamente la atención por sus comentarios y actuaciones, especialmente desde que Moreno tomó el mando del país en mayo de 2017.

Assange fue protegido desde el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), antecesor de Moreno, excorreligionario suyo que se convirtió, tras llegar al poder, en uno de sus más enconados rivales políticos.

El canciller Valencia recordó que las últimas decisiones judiciales en el país, así como las emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sido favorables al Gobierno ecuatoriano ante sendas peticiones de medidas cautelares presentadas por los abogados de Assange.

Esas decisiones judiciales han demostrado claramente que «el planteamiento y la actuación del Gobierno ecuatoriano están centradas y siguen el derecho internacional al pie de la letra», apuntó.

Fuente: El Comercio – Nota original: LINK